Arbitraje
El diputado oficialista Raúl Hernández presentó ante la Comisión de Comercio un proyecto de ley sobre arbitraje nacional e internacional que persigue corregir imprecisiones y vacíos del Decreto Ley 5 de 1999 sobre la conciliación y la mediación como alternativas para la solución de conflictos por voluntad de las partes, de conformidad con el modelo legal de arbitraje de la Comisión de la Organización de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
Anteriormente, sobre el mismo asunto del arbitraje comercial, se dictó la Ley 11 de 1975, aprobada por la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial de la OEA. Una de las reformas constitucionales de 2004 convalidó la importancia del arbitraje comercial al incorporarlo al articulado sobre el Órgano Judicial de esta forma: “La administración de justicia también podrá ser ejercida por la jurisdicción arbitral conforme lo determine la ley. Los tribunales arbitrales podrán conocer y decidir por sí mismos acerca de su propia competencia”. Antes de la aprobación de la reforma constitucional en cuestión, la Corte Suprema de Justicia se pronunció acerca de una demanda constitucional que conceptuó inconstitucionales los párrafos primero y tercero del artículo 17 sobre la facultad del tribunal arbitral de decidir acerca de su propia competencia. Este nuevo proyecto propone desarrollar la reforma constitucional de 2004 y revisar los aspectos de la ley de 1999 sometidos a proceso de anulación y otros puntos que concurran al fortalecimiento del arbitraje comercial a través de la jurisdicción de tribunales arbitrales.
La constitucionalización de los tribunales arbitrales privados creados para la solución de controversias comerciales correspondió a la necesidad de crear un instrumento legal que permitiera que las partes en conflicto obtuvieran soluciones no trancadas por la lentitud y morosidad de la administración de justicia. Hace aproximadamente una década funcionan en Panamá la conciliación y la mediación como alternativas no judiciales de solución a conflictos de tipo comercial. El sólido curso del crecimiento económico motiva la constitución de más empresas privadas nacionales e internacionales dedicadas a operaciones comerciales incentivadas por la estabilidad jurídica. El crecimiento del PIB real por sector económico llegó en el primer trimestre 2011-2012 a los resultados siguientes: explotación de minas y canteras al 27.8%; industria de la construcción 26.4%; transporte, almacenamiento y comunicaciones 13.2%; electricidad, gas y agua 12.1%; hoteles y restaurantes 11.8%; comercio 10.8%; intermediación financiera 9.3%; actividades inmobiliarias 6.3%.
El impresionante crecimiento de las empresas privadas de cada uno de los sectores económicos debe contar con medios legales que pongan término a potenciales controversias entre accionistas, empresas competidoras, personas jurídicas o personas naturales en la forma más rápida que satisfaga los intereses puestos en juego. La iniciativa del legislador Raúl Hernández se apoya en el modelo de arbitraje comercial internacional aprobado por la ONU. El proyecto debe ser sujeto de una amplia discusión en la que participen la Cámara de Comercio e Industria, el Colegio Nacional de Abogados, los abogados especializados en el derecho comercial y el derecho internacional privado.
