Asesinato legal
Después de 10 años, un diputado, ahora miembro del partido oficialista Cambio Democrático, ha desempolvado el anteproyecto de ley para instaurar la pena de muerte en Panamá.
La iniciativa ya fue presentada ante la Asamblea Nacional de Diputados y hace pocos días ante la Comisión Especial de Notables que confecciona el borrador de reformas a la Constitución Política de Panamá.
El rechazo a la polémica propuesta, que pareciese un elemento de distracción en estos tiempos de tantos problemas, ha ido en aumento y entre sus más férreos adversarios están los representantess de la iglesia, de las organizaciones de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, altos funcionarios del gobierno de turno y miembros de la sociedad civil.
Es cierto que los casos de homicidio en el país cada día son más comunes y hay jóvenes que no han llegado a su mayoría de edad y ya llevan a cuestas varios asesinatos, en muchas ocasiones, de gente que nada tiene que ver con la vida delictiva.
Más allá de instaurar una norma que permita un “asesinato legal”, urge la correcta aplicación de las penas existentes y la puesta en marcha de un verdadero programa de resocialización de los detenidos.
Este plan no solo debe incluir el trabajo en los huertos y la confección de artesanías de parte de los privados de libertad, como una forma de reducirles su tiempo en prisión, sino que debe ser integral, con la asistencia de profesionales que les ayuden a cambiar su mentalidad de vivir del hampa.
La intención de instaurar la pena capital en Panamá es un claro retroceso y no resolverá los altos índices de delincuencia y asesinatos que se existen en un país cuya población ya es presa del miedo.
