Asilo cuestiona la justicia colombiana
En un “soberano” embrollo diplomático se ha convertido el asilo otorgado por el gobierno panameño a María del Pilar Hurtado, ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, vinculada al escándalo de espionaje ilegal a jueces, magistrados, periodistas y políticos colombianos, caso de “pinchazos” telefónicos, ocurrido durante la presidencia de Álvaro Uribe. Hurtado alega que ella es una perseguida en su país y el Presidente Martinelli sostuvo escuetamente que “fue una decisión soberana”.
Pero el asilo a Hurtado conlleva el implícito cuestionamiento que en Colombia, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, no se ofrecen garantías suficientes para ser juzgado debidamente. Ante la oleada de críticas surgidas en las dos naciones, la Cancillería panameña se empantanaba en contradictorias explicaciones. Especialmente cuando el director de Asuntos Jurídicos, Vladimir Franco, dijo a un medio local que no era obligación del Estado comprobar que Hurtado es víctima de una persecución. Si esto es así, el gobierno de Martinelli habría otorgado de “buena fe” asilo a una ex funcionaria de Uribe, pero sin saber ciertamente la razón por la cual se ha metido en semejante problema diplomático.
La decisión del mandatario panameño, sobre la que se sospecha la sombra de Uribe, ha obligado a Santos a defender el sistema judicial de su país. Es posible que el asilo enfríe las relaciones entre los dos países. Para salir del atolladero internacional en que se ha metido, el gobierno de Panamá tendrá ahora que explicar de mejor manera que se ha tratado de un justificado asilo político, y no un encubrimiento como sospechan los cada vez más numerosos críticos de Uribe.
