Asistencia social y económica a escolares
Pedagogo, escritor, diplomático
Entendemos por asistencia social escolar aquella actividad organizada, que tiende a eliminar o neutralizar la influencia negativa de los factores socioeconómicos y culturales sobre el cumplimiento de la obligación escolar y sobre la igualdad de oportunidades para recibir educación. El medio social escolar no escapa a las complejidades progresivas de la vida actual. Los requerimientos culturales y económico-sociales de una sociedad en constante proceso de cambio, son causas condicionantes de situaciones conflictivas tanto individuales como sociales de niños y de adolescentes, las que interfieren en el proceso escolar, ya que ellos sufren los impactos de las crisis económico-sociales de sus hogares y de la comunidad.
La población escolar primaria, por ejemplo, proviene en su mayoría de grupos sociales económicamente menos dotados, en los que son frecuentes el bajo nivel cultural del hogar, la deficiencia de la organización familiar, el abandono de los menores, el alcoholismo de los padres, la incidencia de ciertas enfermedades, especialmente infectocontagiosas, la cesantía, el desempleo, etc.
Los problemas sociales enunciados repercuten en el desarrollo físico-psíquico y social del alumnado y determinan una alta frecuencia de subnutrición crónica, falta de hábitos higiénicos, vestuario insuficiente y en mal estado, frecuentes alteraciones emocionales y conflictuales y un gran número de niños y niñas con déficit mental, todo lo cual contribuye a la deserción y al absentismo escolares, al retraso pedagógico, al analfabetismo, a la vagancia, a la delincuencia infantil y juvenil, etc. Esta situación señalada para la población de educación básica o primaria subsiste en la enseñanza media y aun en la universitaria, aunque con variaciones de extensión, dado el carácter selectivo de la población que alcanza estos niveles de enseñanza.
La pérdida del valioso potencial que suponen los individuos intelectualmente bien dotados a los que no se ofrecen perspectivas ni ayuda para cursar estudios, representa sin duda uno de los aspectos que más desfavorablemente afectan el rendimiento de la educación panameña. ¡Esto es un hecho tan evidente, tan real que no admite discusión!
La planificación educativa concede a la asistencia social una extraordinaria importancia, ya que ella, mediante sus actividades, le permite conocer, apreciar y evaluar la realidad económica y social en que viven y se desarrollan los alumnos, para ajustar sus planes y programas educativos a los requerimientos de localidades y regiones del país y para atraer y mantener a la población dentro del sistema educativo.
Las causas más importantes del absentismo y de la deserción escolar residen, sin lugar a dudas, en factores que dependen del bajo nivel socioeconómico de importantes sectores de la población y del lugar de residencia, urbano o rural, de los alumnos.
Urge un proyecto de ley que permita la aplicación de un conjunto de medidas coordinadas tendientes a eliminar o neutralizar la influencia negativa de los factores socioeconómicos sobre cumplimiento de la obligación escolar y sobre la igualdad de oportunidades para recibir educación. La programación de dichas medidas, alimentación, vestuario, útiles escolares, transporte escolar, atención médica y dental, internado y hogares estudiantiles, becas y préstamos para continuar estudios -que afectarán a los alumnos de las escuelas oficiales y particulares que las necesiten- se hará de acuerdo con los planes de desarrollo educativo. Normas objetivas, científicamente determinadas y ajustables a los recursos de que se disponga, facilitarán la tarea de enseñar a los alumnos beneficiarios, considerando el nivel socioeconómico de sus familias, cuando se trate de favorecer el cumplimiento de la obligación escolar, además, su capacidad como estudiante cuando se trate de becas o préstamos para continuar su educación.
La aplicación de estas medidas dentro de las normas técnicas y de los planes que se fijen a nivel nacional o provincial, quedará encomendada a organismos locales con participación de todos los sectores de la comunidad interesados, a fin de que estos puedan velar directamente por el adecuado cumplimiento de los fines que establezca la ley. Esta descentralización de la asistencia social y económica estimula también, la cooperación del sector privado.
¡He ahí una razón más del porqué la necesidad de una “Planificación Integral de la Educación”, iniciativa en la que hemos puesto tanto empeño en las tres últimas décadas!
