Ataque a las libertades civiles
No es tan complicado armar el rompecabezas. Primero introducen una norma innecesaria cuyo real objetivo es intimidar a manifestantes (ley carcelazo), luego exoneran de la prisión preventiva a los policías acusados de hacer uso excesivo de la fuerza (ley chorizo), ahora anuncian que eliminarán los subsidios a los partidos políticos, con lo que virtualmente quedan las organizaciones políticas en manos de los donantes, y la cerecita encima de este pastel es nada menos que la posible anulación judicial de las normas del Código Penal que le permiten al periodismo panameño hacer su trabajo de exponer los vicios de la política panameña sin quedar sometido a las represalias por vía judicial de los que detentan el poder, con el insustentable argumento de que se discrimina a altos funcionarios.
Las piezas de este rompecabezas comienzan a tomar la forma de un ataque frontal contra las libertades civiles y políticas. Ninguna de estas normas fue avalada por los votantes de mayo del año pasado. No responden a un sentir mayoritario, pero podrían ser expresión de inconfesables intereses. Este no es el cambio por el que el país votó. La educación sigue dando tumbos; la seguridad, ampárame, Dios mío. Construir cárceles, escuelas secundarias y hospitales no garantiza que vivamos en un país sin miedo, o que se formen los adolescentes, o que se mejore el estado de salud de la población. Pero sí sirve para que los arrimados al Gobierno hagan más dinero por medio de millonarias contrataciones de una legalidad aparente. ¿Quo vadis, Panamá?
