Audiencias incoherentes
La audiencia para examinar las causales de la anulación del triunfo electoral de la diputada Ana Giselle Rosas de Vallarino renovó la confusión jurídica del Tribunal Electoral. Los delitos contra la administración pública corresponden al Código Penal. Las causales de nulidad de elecciones figuran en el Código Electoral. Por consiguiente, el Tribunal Electoral no tiene competencia para tratar asuntos penales. Los recursos de impugnación electoral basados en causales de orden penal no debieron ser admitidos por un claro conflicto de competencia. El Tribunal Electoral usurpa las funciones del Código Penal. Sin embargo, los magistrados ordenaron auditorías para recabar pruebas en el Ifarhu, el Programa de Ayuda Nacional, la Lotería Nacional y otras entidades estatales. Cegados por el dogmatismo político, los magistrados del TE desbordan el marco jurídico de su competencia al fiscalizar recursos públicos para deducir favoritismos de orden electoral. El mundo es un cambalache para las interpretaciones ilimitadas de su competencia.
Con similares argumentos esgrimidos contra Rosas de Vallarino se puede impugnar al candidato derrotado Jorge Alberto Rosas que recibió 4 millones de dólares de partidas circuitales sin presentar finiquito como está obligado a hacerlo, según Arturo Vallarino, abogado de la diputada impugnada. La pregunta es ¿por qué las obras efectuadas con los $4 millones recibidos por el exmolirena no engendraron la alienación de los electores de Tolé y por qué si apoyaron a la diputada de Cambio Democrático? Estos contrasentidos deberían desbaratar la impugnación si rigiera la lógica en la aplicación de los recursos estatales de los circuitos.
Sin embargo, en este caso como en otros, el TE obstruye la normalización de la Asamblea, postergando la proclamación de los ganadores de Cambio Democrático ejecutando el plan maquiavélico concebido contra el resultado real de las elecciones de mayo. A todas luces, la estrategia puesta en marcha por el gobierno y el Tribunal Electoral persigue el objetivo antidemocrático de anular el resultado de las elecciones en cuanto a diputados y representantes de corregimiento. El presidente Varela vive obsesionado por controlar la Asamblea, ya sea coaccionado con promesas de canonjías a diputados del PRD, ya sea reduciendo la representación legislativa de Cambio Democrático, que obtuvo 30 curules.
Esto no es una especulación política. Esto es una realidad política confirmada por el presidente Varela con la reunión en Las Garzas severamente criticada por la alta dirigencia del PRD. Como consecuencia de las injerencias inconstitucionales del Ejecutivo, el llamado acuerdo de gobernabilidad ha quedado hecho trizas y puede desaparecer de un momento a otro o plantearse bajo premisas más sólidas y serias. La invasión de los fueros legislativos constituye una extralimitación de funciones que desnaturaliza seriamente la Constitución.
Por un lado, tenemos un Órgano Ejecutivo que no respeta los límites constitucionales y, por el otro, tenemos a un Tribunal Electoral que transforma en delitos electorales delitos tipificados en el Código Penal. La construcción del orden jurídico se lesiona severamente cuando los poderes públicos usurpan funciones de otros poderes, como lo hace el Órgano Ejecutivo contra el orden legislativo y el Código Electoral contra el Código Penal.
El Código Judicial establece que cualquier persona por medio de apoderado legal puede impugnar ante la Corte Suprema de Justicia las leyes, decretos de Gabinete, decretos leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos provenientes de la autoridad que considera inconstitucionales y pedir la correspondiente declaración de inconstitucionalidad.
