Bloqueo tico

Desde hace una semana, 900 transportistas costarricenses tienen bloqueada la frontera con Panamá, causando serios perjuicios económicos al intercambio comercial bilateral y al comercio con la región centroamericana. Aducen que el bloqueo fronterizo es su respuesta a los controles de las autoridades panameñas, que consideran excesivamente rigurosos, porque se les exige que tengan en regla las pólizas de seguro sobre accidentes automovilísticos y en buen estado mecánico los vehículos, al ingresar a territorio panameño. Son normas aplicadas invariablemente a los transportistas locales que deben acatar también los foráneos.

Según cálculos de transportistas panameños, las pérdidas ascendían hasta el lunes pasado a 325 mil dólares en concepto de almacenaje en el viaje de ida, y a 250 mil dólares más en mercancía dañada. Hay que sumar a estas cifras las pérdidas de 275 mil dólares ocasionadas al servicio de cargas cortas, sin considerar los perjuicios provocados a empresas de la Zona Libre de Colón, del interior y la capital.

El paro de los transportistas ticos viola el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Costa Rica, que genera al año una importación de productos y bienes por 120 millones de dólares, que se movilizan a través de Paso Canoas. El canciller tico Enrique Carrillo ha declarado a los medios de su país que la presidenta Laura Chinchilla se pondrá en contacto con el mandatario Ricardo Martinelli para resolver el problema provocado unilateralmente por los transportistas del vecino país.

Paralelamente a las reglas de tránsito, es oportuno aclarar que por la extensión de la frontera panameña-costarricense, el Ministerio de Seguridad Pública ha levantado nuevos puestos de control para cerrarle el paso a traficantes de drogas, extranjeros indocumentados y prófugos de la justicia.

Como es de conocimiento público, en 2012 se incautaron más de 40 toneladas de drogas. El Servicio Nacional de Fronteras mantiene posiciones estratégicas en la frontera para reforzar la seguridad nacional, desde todos los ángulos posibles. Por todo esto, los transportistas ticos están obligados a entender que no se puede ingresar a Panamá sin cumplir cabalmente las normas reglamentarias instauradas por las autoridades, en aplicación de la ley orgánica de la Autoridad de Transporte y Tránsito Terrestre.

Esta normativa debiera ser respetada por las empresas privadas costarricenses que envían, sobre todo, productos perecederos que han sufrido consecuencias dañinas por la perturbación del flujo del transporte.

La dinámica comercial fronteriza se fortalece con la aplicación de los artículos del TLC que rigen para las partes en forma equitativa, como lo demuestran los transportistas panameños que cumplen las normativas costarricenses al ingresar a su territorio.

Asimismo deben tener en cuenta que la seguridad panameña se ha incrementado por el tráfico ilegal de estupefacientes y también por el ingreso de elementos de países centroamericanos que llegan en busca de empleos, sin cumplir requisitos migratorios. No existe abuso de autoridad del Senafront, sino el cumplimiento de medidas de seguridad adoptadas por el país.