Bochorno público
El pleno de la Asamblea Nacional fue escenario de una vergonzosa discusión entre representantes de los denominados diputados tránsfugas y del opositor Partido Revolucionario Democrático.
El diputado ex perredista y ahora miembro de la bancada de Cambio Democrático, Gabriel Méndez, amenazó con destapar una “caja de pandora” sobre supuestos actos de corrupción registrados durante el anterior gobierno PRD.
Méndez fue específico y afirmó que en el gobierno anterior “los ricos se hicieron más ricos, ministros, presidentes, directores, que ostentan hoteles en otras partes del mundo, resorts, otros con casas de $2 millones que ganaban $5 mil al mes, y nadie los investiga”.
La airada reacción de Méndez fue consecuencia de una denuncia que hizo el perredista Benicio Robinson, de que los diputados tránsfugas sucumbieron ante el “dólar” para cambiarse hacia el oficialismo.
Una amenaza cerró el planteamiento de Méndez: “No me busquen porque los voy a mencionar con cifras. No abran la caja de pandora, porque se van a encontrar con la bruja”.
Ambos, Méndez y Robinson, incurren en una actitud reprochable desde todo punto de vista. Al parecer, tienen conocimiento de actos de corrupción y no los denuncian, sino que utilizan la información como un arma política.
Esta deleznable práctica pinta de cuerpo entero a toda la clase política nacional y es un reflejo de lo que acontece a lo interno de los órganos del Estado.
Existe un pacto de no agresión. La capacidad de indignación de la clase política ante los actos de corrupción, al parecer, está directamente ligada al respeto que tenga la otra parte sobre sus propias irregularidades.
Y en medio de todo esto, está el presunto mal uso de los recursos públicos que implican estas denuncias y el irrespeto hacia lo que piense o diga la sociedad.
Lo único rescatable de esta discusión es que, tal como dice Méndez, nadie investiga penalmente estas denuncias. Tan culpables de esta bochornosa situación son los políticos como el Ministerio Público.
