Boleta a Mi Bus
El Ministerio de Trabajo ha verificado las graves irregularidades practicadas por la empresa Mi Bus contra los derechos de los trabajadores. Impagos del seguro social, desconocimiento de horas extras, descuentos privados no dirigidos a su destino, postergaciones de vacaciones y extenuantes horarios de choferes forman parte del rosario de incumplimientos laborales. Resulta inaceptable que una empresa a la que los usuarios pagan por adelantado los pasajes, que recibe subsidios estatales y que disfruta del monopolio del transporte de la capital incurra en tales anomalías, sin brindar servicio eficiente.
Afirma el gobierno, en medio de versiones contradictorias, que negocia con Mi Bus la cancelación del contrato. Los trabajadores demandan la cancelación total de sus prestaciones si se llegara a concretar el retiro de Mi Bus, incluyendo las obligaciones incumplidas.
Las negociaciones se desenvuelven en el misterio, y se ignoran los términos del arreglo, sobre todo en materia de compensaciones económicas por la flota de buses depreciada por el tiempo de uso y el desgaste del estado mecánico.
Ante el hermetismo y los temores fundados de que se menoscaben sus derechos, los operarios asumen la iniciativa de anunciar otro paro como expresión de su desconfianza. Presionan para que la empresa se ponga a paz y salvo por las irregularidades detectadas en asuntos laborales, seguridad social y salud por el Ministerio de Trabajo. No aceptan que el pago de las prestaciones de Mi Bus se transfieran a otras empresas privadas que hereden el transporte terrestre. Mientras tanto, cunde la incertidumbre sobre la negociación que pueda someter a riesgo sus derechos laborales.
La ambigüedad también marcha sobre ruedas en cuanto a posibles arreglos con los buses piratas. En cuatro meses de gobierno, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre no encuentra la fórmula de un arreglo que satisfaga a dueños, usuarios dentro del ámbito de la ley.
Los filibusteros alegan que desean legalizarse, pero que la autoridad no los acepta. Por otro lado, hay empresarios de piqueras que rechazan a los ilegales, y demandan que no les den más cupos. La situación se complica por la reaparición de los “diablos rojos” que estaban fuera del servicio por pago de abultadas compensaciones económicas.
¿Quiénes son los legales y quiénes, los ilegales? ¿Por qué no se regulariza a los piratas que cubren vacíos del servicio? ¿Se justifica el retorno de los “diablos rojos” con sus regatas y accidentes desenfrenados? Pocas veces se han juntado la abulia, la incompetencia, el desorden, en suma, el caos, en el sistema del transporte público.
Las normativas de la Ley N.° 14 que regula el transporte terrestre público son suficientemente claras para su adecuada implementación, excepto para los ineptos. Desde el artículo primero, la ley establece que el transporte terrestre de pasajeros es un servicio público cuya prestación estará a cargo de personas naturales o jurídicas mediante concesiones que el Estado otorgará inspirado en el interés público. Sin embargo, en los casos de Mi Bus, piratas, “diablos rojos” y taxis no predomina el interés público. Las concesiones se otorgan en función de intereses privados. El transportista debe servir las rutas de la concesión. Pero estamos en el reino de hago lo que me da la gana.
