Buena propuesta
La Comisión Especial de Reformas a la Constitución Nacional analiza una propuesta que busca evitar que se repitan los exabruptos jurídicos cometidos por la Asamblea Nacional al restituirle los derechos ciudadanos al alcalde Bosco Vallarino y la nacionalidad a la ex legisladora Haydeé Milanés de Lay.
En ambas actuaciones primó el criterio político por encima de lo que plantean las leyes nacionales.
La decisión que tomó la Asamblea con Vallarino fue ampliamente cuestionada desde el punto de vista legal por grupos de la sociedad civil y conocedores del derecho, pero una vez más los políticos pisotearon las normas y pensaron primero en sus intereses particulares.
La citada propuesta provino de un ciudadano particular, del señor Luis Vásquez, quien observó con decepción cómo las leyes son amoldadas a las necesidades de la clase gobernante.
Vásquez hace un planteamiento que resulta jurídicamente interesante. Sugiere que la nacionalidad panameña únicamente sea suspendida en virtud de sentencia judicial ejecutoriada. Y en los casos en que la Constitución Política de la República lo establezca, mediante una sentencia proferida por la Asamblea Nacional, instalada en funciones judiciales.
El desatino legal cometido por la Asamblea en el caso del alcalde capitalino ahora es blanco de un borrador de fallo que circula a lo interno de la Corte Suprema de Justicia y que podría declarar inconstitucional la resolución emitida por los diputados en este sentido.
Esta propuesta debe ser analizada con seriedad por la Comisión de Reformas Constitucionales; la misma no proviene de los viciados círculos políticos, es verdad, pero refleja el sentir de una parte de la sociedad que no quiere que las leyes sean mangoneadas abiertamente.
Los entes políticos deben tratar los temas que les corresponden y dejar que las autoridades jurisdiccionales hagan cumplir las leyes sin ningún tipo de intromisiones. El trato que le den a esta iniciativa determinará la seriedad de las reformas que se pretenden aprobar.
