Buses municipales
El Consejo Municipal de la capital marca el camino que deberían seguir las instituciones públicas y privadas ante el caos del tránsito terrestre. El apoyo unánime a la iniciativa de la alcaldesa Roxana Méndez se debe reconocer como el paradigma a seguir cuando en las crisis se soslayan las diferencias políticas para enfrentar los problemas en un contexto de fortalecimiento de las necesidades de la comunidad. Gracias al ejemplar acuerdo multipartidario, se contará con una flota de 50 buses que, en los horarios de mayor densidad de usuarios, se activará sin cobrar un centavo a los pasajeros. El alquiler de los vehículos se pagará con fondos municipales.
Los cincuenta buses más los otros treinta y tantos que la empresa concesionaria dice que va a aportar, contribuirán a aliviar en algo la crisis del transporte urbano, agravada en los sectores periféricos en las horas punto del desplazamiento matutino y vespertino de la masa de trabajadores. Sin embargo, el apoyo municipal es transitorio: es un esparadrapo que no curará la herida estructural. Las cláusulas del contrato con Mi Bus y Sonda deben cumplirse en forma estricta e integral, principalmente en cuanto al número de buses puestos en servicio al público, la instalación de paradas y los mecanismos de recarga de las tarjetas. Ante las pruebas de la ineficiencia del sistema de tarjetas de prepago, la ATTT tiene la opción de exigir que los pasajeros puedan pagar, también, con dinero en efectivo.
Las exhortaciones públicas del presidente de la República, Ricardo Martinelli, a Mi Bus forman parte de las atribuciones que la Constitución le concede en el sentido de celebrar contratos administrativos para la prestación de servicios; también dirigir, reglamentar e inspeccionar los servicios públicos, como, en este caso, el transporte terrestre. Esto significa que la empresa concesionaria no puede demorar mucho más en el cumplimiento riguroso del contrato, bajo riesgo de rescisión por transgresión de las normas pactadas. Otra alternativa podría ser la apertura del mercado del transporte y, vía Órgano Ejecutivo, autorizar la contratación de nuevas empresas para llenar los vacíos clamorosos del servicio. Hay quienes apuestan a la creación de un servicio municipal de transporte terrestre capitalino, como en otros países. La experiencia del alquiler de buses, aunque en forma temporal, será un ejercicio preliminar con vistas al transporte organizado por el Municipio.
Este es el momento de la aportación de proyectos e ideas para mejorar el transporte público. Hay quienes se refocilan en las críticas de orden político, poniendo al descubierto su oportunismo y su esterilidad creativa. Ante la incapacidad de empresas contratadas, lo pertinente es demandar el cumplimiento de las cláusulas puntuales, coadyuvar a mejorar el servicio con sistemas paralelos de transporte, y aplicar la Constitución en virtud de las atribuciones asignadas al Orden Ejecutivo.
La ley orgánica del transporte terrestre le otorga funciones a las autoridades para estructurar, organizar, legitimar el servicio público. Si las concesiones a empresas privadas para administrar el servicio no tienen un rendimiento positivo sino que causan incompetencias e irregularidades, la ATTT debe tomar cartas en el asunto, instrumentando la ley a su máxima capacidad.
