Caja de Pandora
La misteriosa titulación a un florista de un lote de 11 mil metros cuadrados en la exclusiva zona de Punta Paitilla sigue arrojando acusaciones de irregularidades.
Aunque las autoridades justifican la legalidad del proceso, pues según ellas se cumplió con todos los requisitos, y hayan ordenado la devolución del terreno al Estado, la trama da para más.
Primero fue la vinculación de empresarios de bienes raíces allegados al Ejecutivo, los que, supuestamente, estaban detrás de la polémica historia.
Ahora han sido el presidente de la República y su vicepresidente quienes, en medio de la ruptura de la alianza, se han lanzado acusaciones por las tierras en Paitilla y en Chilibre, donde se construirá un hospital.
La guerra dialéctica ha sido en las redes sociales, el mismo día en que la unión entre ambos partidos llegó a su fin.
Los panameños, tan sorprendidos por el desenlace de la alianza, quieren saber por qué si ambos sabían con antelación estos hechos, no los denunciaron. ¿Por qué callaron?
Para enturbiar más las aguas, información de la Dirección de Catastro revela que 43 familias que residen en Punta Paitilla, durante las décadas de los 80 y 90 hicieron rellenos ilegales en sus viviendas para ampliar sus áreas sociales o construir edificios de más de 30 pisos.
A pesar de que 29 legalizaron su estatus, aún una cifra considerable se mantiene sin contratos con el Estado. Poco a poco la población se da cuenta de que estas valiosas tierras que les pertenecían a todos fueron “regaladas” a bajos precios.
Una vez más, la política y los nexos con quienes ostentan el poder son usados para beneficiar a pocos, en detrimento de muchos. Por lo pronto, las sorpresas desagradables son más.
