¡Calumnias!
El caso de Don Omar se une a la nutrida agenda de patinadas políticas y periodísticas, después de las aclaraciones debidamente documentadas por los representantes de Showpro. De acuerdo con las pruebas presentadas por la promotora de espectáculos, el cantante boricua ha devuelto el dinero que, descarada y reiteradamente, negó haber recibido.
Por otro lado, esa suma de dinero no fue girada de fondos fiscales sino de la propia empresa privada. Otra vez más ha quedado a la vista que hay medios periodísticos y opositores políticos que recurren a cualquier incidente pueril para atacar al gobierno, atribuyéndole hechos falsos debidamente tipificados por el Código Penal como calumnia y ofensa a la dignidad, honra y decoro de una persona.
El Título IV del Código Penal vigente tipifica los delitos contra el honor de la persona natural y es claro en sus artículos 193, 194 y 195. Sostiene que quien ofenda la dignidad, la honra o el decoro de una persona o le atribuya falsamente la comisión de un delito, será sancionado con pena de entre 90 y 180 días multa. Y cuando esto se haga a través de un medio de comunicación social, será sancionado con penas de entre seis y doce meses de prisión o su equivalente al pago en días-multa.
Sin menoscabo de las demandas penales que se pueden interponer en el plano judicial, hay un tribunal integrado no por jueces o magistrados, sino por el pueblo panameño. Este tribunal de la opinión pública juzgará a los medios de prensa escrita y televisión que se precipitan a levantar escándalos por cualquier nimiedad y a los políticos que no vacilan en ofender y calumniar atizados por sus cajas de resonancia.
Por esta vertiginosa pendiente de desinformación aquellos medios se desacreditan más y más ante la opinión pública porque informan sin investigar, porque usan opiniones y no pruebas fidedignas y porque las metidas de pata repercuten como “boomerang” en sus ventas y sintonía.
Frente a las pruebas de giros y devoluciones de dinero presentadas por la empresa Showpro, minimizan las aclaraciones documentadas o las esconden en un recurso desesperado para ocultar su constante y evidente fracaso.
La oposición política es una opción legítima y necesaria en el sistema democrático. Sin embargo, los dispositivos constitucionales de la libertad de prensa se pervierten cuando se aplican con felonía para ofender o calumniar.
En ese sentido, resultaría insuficiente si solamente los partidos políticos suscriben pactos éticos para impedir la guerra sucia. También los medios de comunicación deben comprometerse con el “fair play”.
Si no lo hicieran, la guerra sucia embarrará en prensa escrita y televisión la próxima campaña electoral. El Consejo Nacional de Prensa seguramente llamará de oficio a los responsables de los medios de comunicación social sumergidos en el lodazal de las consignas nazis: miente, miente que algo queda, basándose en infamias calculadas. Don Omar los llevó al despeñadero, con salsa, pero salsa picante.
