Cambio climático en Panamá, qué se está haciendo
La preocupación por el aumento sustancial de las concentraciones de gases de efecto invernadero producto de las actividades humanas, fue el detonante para que se aprobara la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuyo objetivo último es la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Panamá aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, mediante Ley N.° 23 de 10 de diciembre de 1993. Igualmente, mediante Ley N.° 88 de 30 de noviembre de 1998, aprobó el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como parte del esfuerzo mundial de reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
Mediante Decreto Ejecutivo N.° 1 de 9 de enero de 2009 se crea el Comité Nacional de Cambio Climático en Panamá (CONACCP). Este decreto fue modificado por el Decreto Ejecutivo N.° 52 de 29 de enero de 2013, con el fin de hacer más eficiente, eficaz y participativo el CONACCP, como mecanismo de coordinación de estrategias de intervención, que faciliten la participación activa del sector público y la sociedad civil, en el cumplimiento de los acuerdos asumidos por el Estado panameño en relación con el cambio climático.
El CONACCP es el cuerpo colegiado más importante en Panamá sobre el tema de cambio climático. Y esto se debe a que forman parte de este comité todas las instituciones públicas sectoriales con competencia ambiental, que a su vez conforman el Sistema Interinstitucional del Ambiente. Desafortunadamente, al CONACCP no se le ha dado el sitial que se merece por la responsabilidad que tiene frente a los embates del cambio climático.
El ingeniero Eduardo Esquivel, a quien no conozco personalmente, pero que goza de mi admiración por sus atinados artículos, en uno de estos escribió: "Al parecer, en Panamá existe algo llamado CONACCP (Comité Nacional para el Cambio Climático de Panamá), cuya utilidad y funciones son bastante discutibles, ya que no están haciendo nada realmente útil para enfrentar el cambio climático. Aparte de reuniones bizantinas, una ingenua encuesta y seminarios aún más ingenuos?".
Discrepo con el ingeniero Esquivel en cuanto a que el CONACCP no está haciendo nada realmente útil para enfrentar el cambio climático. Esto lo digo con propiedad, en razón de que formé parte del CONACCP. Y puedo decir que la mayoría de sus miembros están haciendo su mejor esfuerzo, pero con las limitaciones que les imponen sus jefes.
Para entender la realidad del CONACCP, es necesario saber que alrededor del tema ambiental gravitan otros factores como el social, el político y el económico. Es decir, que al momento de tomar una decisión, pesan más las consideraciones políticas y económicas que las razones técnicas que puedan argumentar los expertos. En la práctica, quienes forman parte del CONACCP son funcionarios sin ningún poder de decisión. Y desafortunadamente, los encargados de las instituciones, que deben promover el tema de cambio climático, de manera transversal, en las políticas nacionales de cada una de las instituciones miembros, no están en sintonía con lo que representa el CONACCP y se acuerdan del cambio climático cuando sucede una tragedia.
Mi Ambiente y el CONACCP llevan años haciendo estudios, creando programas y promoviendo normas sobre cómo prevenir, compensar y mitigar los efectos del cambio climático. Pero el problema es que desde arriba (presidente, ministros y directores) no están haciendo nada para que las instituciones, cada una dentro de su ámbito de competencia, haga su parte en esa tarea que es de todos.
Un solo ejemplo de lo anterior lo tenemos con la creación de la Ley 69 de 12 de octubre de 2012, que establece los lineamientos generales de la política nacional para el uso racional y eficiente de la energía. Esta ley obliga a que en cada institución pública se constituya un comité de energía para gestionar el ahorro de energía. Sin embargo, los ministros y directores de instituciones se acuerdan de ahorrar energía cuando ya la crisis está declarada.
Esta misma norma establece que el programa de ahorro energético deberá tomar en cuenta el aspecto educativo, por lo que el Ministerio de Educación, en coordinación con la Secretaría Nacional de Energía, el Ministerio de Ambiente y las universidades públicas y privadas, incluirán en los niveles de enseñanza los temas sobre uso racional y eficiente de la energía y sus implicaciones sociales, económicas y ambientales.
Ninguna institución en este momento está cumpliendo con lo establecido en la Ley 69, porque el tema ambiental no es una prioridad. Entonces, cómo podemos culpar al CONACCP de que no está haciendo nada cuando la responsabilidad de implementar todas estas medidas es de los ministros y directores.
