Cambios electorales
Bajo circunstancias políticas deleznables; sin consultas a la sociedad civil: con apresuramiento que exacerba sospechas de madrugonazo, se inició el debate de reformas del Código Electoral. Los diputados oficialistas y los magistrados del Tribunal Electoral (TE) mancillan los derechos del pueblo para conocer las modificaciones del código en medio de un debate abierto que involucre a toda la comunidad, sin excepciones ni proscripciones.
La vigilancia estricta sobre el contenido del Código Electoral es fundamental, dado que se está violando la voluntad de los votantes con la instrumentación inconstitucional de causales que constituyen un fraude para imponer candidatos que perdieron el apoyo de los comicios. Este método de procedimientos constituye un grave atentado contra la democracia representativa. Por estas y otras razones se ha apelado a la instancia internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para que analice y desautorice el legicidio electoral en proceso para obstruir el resultado de las elecciones en numerosos circuitos.
No pueden aprobarse a la carrera las reformas, existiendo pruebas de la parcialidad política de magistrados susceptibles de ser demandados ante la Corte Suprema por estas y otras fallas en el ejercicio de sus funciones.
El TE ha perdido la confianza del pueblo al delatar cuáles son las razones políticas para privilegiar a los candidatos del PRD, anulando las elecciones y ordenando nuevas, prescindiendo de las normativas del Código Electoral sobre causales de anulación de elecciones.
El desdoroso espectáculo del nombramiento del nuevo contralor de la República es provocado por la deliberada merma del número de diputados de Cambio Democrático para construir una mayoría legislativa espúrea del PRD. Esta maniobra es parte de la estrategia gubernamental para controlar la Asamblea con 12 diputados y el tejemaneje de corruptelas para manipular a los legisladores perredistas, destruyendo las directivas de las autoridades nacionales del PRD.
A pocos escapa que el denominado consenso de panameñismo y PRD no debió obstruir que se llevara a cabo la nominación del contralor en la sesión ordinaria de la semana pasada sobre la base de los votos legítimos de las bancadas. Llaman consenso al matraqueo hasta ahora frustrado para sumar votos de perredistas en medio de suspicacias justificadas por las reuniones del presidente Juan Carlos Varela con diputados del PRD.
Al probarse que el matraqueo no iba a producir el nombramiento de Federico Humbert se han postergado las sesiones hasta principios de enero. El gobierno está dispuesto a incurrir en todas las malas prácticas de injerencia en las decisiones del Órgano Legislativo para conseguir resultados en contraste con los dispositivos constitucionales.
El TE aparece súbitamente con un paquete de reformas debidamente sincronizado con el Órgano Ejecutivo, a espaldas de la sociedad civil. Si los votantes deben ejercer el sufragio quinquenal con la aplicación de las normas del Código Electoral, ¿cómo es que se justifica que se le mantenga a oscuras? ¿Por qué se va a eliminar la aplicación de los estatutos de los partidos para proceder al revocamiento del mandato?
No se debe cambiar las reglas del sufragio en medio de la celebración de las fiestas nacionales. No está en venta el derecho del pueblo a elegir a sus representantes.
