¿Canal con China?
Desde el tratado Chamorro-Bryant, no se había levantado una caudalosa corriente de posiciones enfrentadas sobre un canal en Nicaragua. Los principales medios informativos de Nicaragua y de América Latina recopilan opiniones mayoritariamente críticas sobre la ley que entrega a un ciudadano particular de ascendencia china la concesión para construir un canal interoceánico de 280 kilómetros, puertos en el Pacífico y el Caribe, dos zonas libres y un oleoducto. La ley aprobada aclara en uno de sus artículos los alcances de la concesión a la empresa Hong Kong Nicaragua Development de Wang Jing: “se otorga al concesionario el derecho de ceder, novar, transferir o gravar todos o cualquiera de sus derechos u obligaciones”.
El concesionario es, en verdad, una empresa intermediaria con capacidad jurídica de ceder los derechos a otra empresa privada, o un Estado extranjero, para asumir la fastuosa inversión de 40 mil millones de dólares. Podría ser, también, un agente personal de empresa o gobierno que no quiere aparecer como receptor de la concesión. Nicaragua no tiene relaciones diplomáticas con la República Popular de China, sino con Taiwán.
Otro aspecto muy cuestionado de la concesión por 50 años, prorrogable por 50 años más, es el que permitiría a la comisión administradora del canal tener virtualmente mano libre para expropiar bienes inmuebles, tierras municipales y tierras indígenas, en las dos orillas de la ruta canalera de 280 kilómetros. Los afectados por las expropiaciones -personas naturales o jurídicas, municipios, etnias indígenas- tendrán solo 30 días para interponer recursos legales, únicamente por concepto del monto de las sumas a pagar, no por la presunta inconstitucionalidad de la expropiación.
El Consejo Superior de la Empresa Privada emitió comunicados anunciando que interpondrá recursos de inconstitucionalidad, oponiéndose a las facultades de la comisión sobre expropiación de bienes inmuebles, cuyos integrantes serán nombrados por el gobierno de Daniel Ortega. Por otra parte, Costa Rica y Colombia -ambos países tienen reclamaciones limítrofes con Nicaragua- avanzan consideraciones preliminares acerca de posibles reclamaciones sobre implicaciones fronterizas y derechos de explotación marítima.
Una ONG de Nicaragua advierte que se avecinaría una catástrofe ecológica si no se toman en cuenta los estudios científicos de impacto ambiental sobre el río San Juan, el lago de Nicaragua y las zonas terrestres del proyecto. La Mesa Nicaragüense ante el cambio climático, que aglutina a más de 20 organizaciones ambientales del país, cuestiona 62 artículos de la concesión. El intermediario chino asevera que se contratarán empresas internacionales de estudios ambientales para mitigar consecuencias negativas.
El banco de inversión financiado por países del grupo del Alba apoyará económicamente el proyecto. La polémica presumiblemente se enardecerá mucho más cuando se divulgue a qué empresa o país la concesionaria HK Nicaragua Development cederá o transferirá los derechos que convertirán en titular del financiamiento y la construcción del canal y obras conexas a una compañía que no aparece en el contrato-ley.
