Caos laboral

Engañados sucesivamente por la empresa Mi Bus y decepcionados por la incompetencia del Ministerio de Trabajo, los operadores del servicio de transporte público recurrieron a una medida de fuerza que provocó un caos monumental. No les pagan las prestaciones laborales que la ley les concede cuando una empresa privada se dispone a abandonar la concesión y cesan las relaciones laborales.

Sin embargo, ni el presidente de la República, Juan Carlos Varela, que alguna vez se presentó ante los operadores para impedir otro paro y erguirse como el artífice personal de la solución del problema, no ha logrado que Mi Bus atienda las peticiones de los 3,000 trabajadores.

La mesa de diálogo abierta por el Mitradel no ha encontrado una salida armoniosa, mientras la compañía colombiana enredó más el problema presentando un amparo de garantías a la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio de Trabajo, ratificando su ineptitud mediadora, se lava las manos en forma pilatesca, arguyendo que el asunto debe ser resuelto en la CSJ, los operadores no fueron informados de la presentación del amparo de garantías que le puede prolongar la crisis indefinidamente.

Fue entonces que los operadores suspendieron el servicio del transporte público, y amontonaron buses frente al local del Mitradel, que causó en horas de la tarde una crisis de grandes proporciones que perjudicó a los usuarios.

El gobierno panameñista cree que soluciona los problemas, persiguiendo y encarcelando personas. Esto es lo que sí sabe hacer. En esa línea de acción desorbitada detuvo a dirigentes del sindicato de Mi Bus, y los acusaron de impedir la libre circulación de vehículos y de perturbar el orden público.

Pero si el Ministerio de Trabajo hubiera obligado a la empresa colombiana a indemnizar a los trabajadores dentro del marco de la legislación laboral, se hubiera evitado el caos. En varias ocasiones los trabajadores postergaron el paro a solicitud del gobierno; hoy se sienten desamparados de las autoridades. Tienen la convicción de que se respalda a la empresa al no obligarla al estricto cumplimiento de las normas laborales.

Por otro lado, los trabajadores ignoran bajó qué términos se negocia la cancelación del contrato del Estado con Mi Bus. Las reuniones son herméticas, sin la presencia de los operadores. El verdadero caos reside en la vulneración de los derechos de los trabajadores.

El conflicto del transporte concesionado de buses es una parte importante, pero solo una parte de un problema de mayor dimensión, que tiene diversas caras y facetas. En más de seis meses de ejercicio, el régimen panameñista ha encarado las complejidades de los buses piratas, los taxis, los “diablos rojos”. Panamá ha vuelto a la ilegalidad del transporte público. Han regresado los “diablos rojos”.

Los buses piratas operan sin licencia, sin seguros, y cobran tarifas no autorizadas. Los taxistas continúan prestando un servicio anómalo, imponiéndoles sus rutas a los usuarios. Mi Bus sigue empantanado en las deficiencias, negándose a cumplir obligaciones insoslayables con los trabajadores y burlándose de los usuarios.

Nadie sabe a quién debe recurrir: el Ministerio de Gobierno se ha limitado a emitir promesas incumplidas, al más puro estilo varelista. El Ministerio de Trabajo no es solución, sino un atolladero. La policía llama a la unidad antimotines para que lance gas pimienta y detenga a la brava a los sindicalistas.

Hay un gran vacío en el quehacer gubernamental. La crisis tiene diversas facetas.