Castillo de naipes
Una a una están cayendo las cartas del castillo de naipes levantado por los medios oficialistas sobre el caso del italiano Valter Lavitola. El tribunal de Nápoles elevó a tres años la sentencia por el intento de extorsión a la empresa Impregilo por la supuesta construcción de un hospital en Veraguas.
La empresa Impregilo, antes de la sentencia, emitió un comunicado en el que aclaró que el expresidente Ricardo Martinelli no la presionó ni formuló alguna insinuación para el financiamiento del centro de salud pública, excluyéndolo categóricamente del caso. Es obvio que si Lavitola hubiera sido utilizado para extorsionar a la empresa, lo hubiera dicho su abogada defensora, porque nadie carga con culpas ajenas.
De todo esto resulta algo meridiano: las sistemáticas desinformaciones del diario de la 12 de Octubre, coreadas por otros medios progobiernistas, una vez más mordieron el polvo. Después de la sentencia, dichos medios de la prensa escrita y televisión no pueden seguir engañando al público, tergiversando la decisión del tribunal italiano.
Las interpretaciones políticas del fallo constituyen una burda maniobra para tratar de esconder su fracaso. La defensa de Lavitola anuncia que apelará la sentencia aduciendo que no existen pruebas del cargo que le imputó la fiscalía de Nápoles, que propuso una sentencia de un año y dos meses y una multa casi simbólica de $2,477 debido a que no existen pruebas acerca de la presunta asociación para delinquir entre Lavitola, Martinelli y el empresario Rogelio Uruña, basada en las imputaciones del indeseable italiano Mauro Velocci y el periodista español Joan Solés, corresponsal de Radio Panamá.
A pesar de los términos de la sentencia, la maquinaria informativa progobiernista no cesa de tratar de enlodar a Martinelli y al partido Cambio Democrático (CD). Sin embargo, la opinión pública no les hace caso, porque conoce los pelos del lobo. Así lo demuestra la victoria de Carlos Afú, Noriel Salerno y Mariela Vega, de CD, en tres circuitos, pese a que diarios y televisoras propagaron hasta el mismo día de la votación imputaciones lesivas al honor de los diputados y a los electores pintándolos como personas compradas sin conciencia.
Las orquestadas maniobras del Tribunal Electoral (TE) y los partidos oficialistas para impugnar el resultado de las elecciones forman parte de una guerra sucia sin paralelo en los anales de la democracia representativa iniciada en la década de los noventa.
Las elecciones arrojaron el triunfo de 30 diputados de CD, 12 del Partido Panameñista y una veintena del PRD. Fue entonces que se puso en marcha el plan de alterar el resultado legítimo de las urnas para minimizar con impugnaciones ilegales avaladas por el TE la mayoría legislativa de CD. La primera táctica gobiernista fue fraguar una alianza con la bancada del PRD con un pacto de gobernabilidad que no es otra cosa que un pacto para repartirse puestos en la administración estatal.
El Gobierno no tuvo recato de reunirse con diputados del PRD para imponer el contralor. Mediante un trueque de nombramientos diplomáticos y ejecutivos, persiguen manipular la opinión pública. Pero los resultados electorales revelan que la guerra sucia no puede cambiar la realidad.
