Cero demagogia
El 1 de julio próximo entrará a regir la nueva tarifa del servicio de energía en Panamá y los pronósticos no son alentadores para los miles de clientes, pues todo parece indicar que los números apuntan al alza.
El anuncio del presidente de la República de hacer lo que deba para no permitir un aumento de la luz, justificando la medida en las ganancias que obtienen las empresas distribuidoras y generadoras eléctricas, contiene cierto tinte populista.
Aunque las intenciones son buenas, la medida requiere, primero, una negociación seria con todos los actores del mercado eléctrico.
Hacerlo a la brava enviaría un mensaje negativo a los inversionistas, en una época de bonanza económica en el país.
Lo que sí podría hacer el gobernante es entablar un diálogo con los directivos de las empresas en las que el Estado tiene parte accionaria para que afinen el lápiz en las nuevas tarifas.
La advertencia del mandatario a las compañías, al parecer, está motivada por la reciente caída de los precios del petróleo, tan usado en Panamá para generar energía eléctrica.
Sin embargo, de darse una disminución, los usuarios no verían el impacto inmediato.
Más allá del freno que se ponga al incremento de la tarifa de energía para el segundo semestre del año, lo que se requiere son políticas de Estado que impulsen la construcción de hidroeléctricas, pero cuyo proceso debe incluir, desde sus inicios, a grupos ambientalistas y moradores de las áreas afectadas.
La única medida que ha aplicado este y los gobiernos anteriores para mitigar el impacto de la tarifa eléctrica ha sido la aportación de dinero al Fondo de Estabilización Tarifaria, que para este año podría ascender a unos 78 millones de dólares.
La luz más cara es la que no se posee. Si el Gobierno y las empresas eléctricas tienen su grado de participación, los usuarios no están exentos al problema.
Ellos tienen que aprender a hacer buen uso de la energía para evitar que su cuenta mensual de luz se dispare o se registren racionamientos que después afecten a todos.
