Cero tolerancia
La situación es muy especial. Los subsidios en el sector transporte son millonarios, y los dueños de buses no dudan en ejercer medidas de presión cuando no reciben este beneficio del Estado.
Miles de personas sufrieron por los cierres de calles que protagonizaron los transportistas de San Miguelito. Los conductores de buses, en su mayoría “diablos rojos”, pedían combustible más barato para poder operar. El Estado destina anualmente millonarios subsidios para evitar que las tarifas se incrementen a los usuarios y así no perjudicar la economía familiar. Sin embargo, el sector transporte siempre ha sido dependiente de los distintos gobiernos, y su evolución ha sido casi nula.
Buses viejos y en mal estado, conductores irresponsables que juegan con la vida de cientos de personas en regatas y otros problemas que los han dejado al borde de la desaparición.
Aunque cada vez son menos los “diablos rojos” que circulan en la capital, todavía causan estragos. En los corredores, las autoridades se vieron obligadas a suspender el tránsito de esos buses por estas vías, sin embargo, siguen operando e ignorando las leyes.
El Gobierno debe buscar la fórmula para evitar que se incrementen las tarifas a los usuarios y agilizar el proceso de reemplazo de estos buses. Por años han tenido secuestrados a los usuarios, sobre todo en zonas alejadas de la ciudad donde todavía no opera el metrobús.
Solo basta con revisar las condiciones de las pocas unidades que sobreviven a la modernización. Llantas lisas, sin luces y con conductores que no respetan a nadie.
Nadie tiene el derecho a limitar el libre tránsito de los ciudadanos, por lo que las autoridades no deben permitir ni a los transportistas ni a nadie volver a cerrar las calles.
