Certificación pública y mercados nacionales de productos orgánicos
La agricultura orgánica dejó de ser una moda y se convirtió en una actividad promisoria. Datos del informe “El mundo de la agricultura orgánica, estadísticas y tendencias emergentes 2011”, del Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica (FiBL, por sus siglas en alemán) y la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM, por sus siglas en inglés), indican que esta actividad cuenta con más de 37 millones de hectáreas certificadas a nivel mundial, alrededor de 1.2 millones de productores y un mercado internacional diversificado de más de 55 mil millones de dólares.
En este contexto, América Latina y el Caribe (ALC) contienen alrededor de 23% de las áreas certificadas y contabilizan al 16% de los productores certificados.
En la mayoría de los países de ALC, la agricultura orgánica se ha desarrollado bajo un esquema agroexportador, sustentado principalmente en la exportación de materias primas y con poco valor agregado. Estas se envían a Estados Unidos y la Unión Europea, que concentran el 96% del mercado mundial de este tipo de productos.
Los mercados nacionales de productos orgánicos en ALC –con excepción de Brasil– son prácticamente inexistentes o muy incipientes. La falta de políticas que fomenten una oferta sostenida de productos y los altos costos de las certificaciones son dos limitantes señaladas por los productores como de alta incidencia en su evolución.
La preocupación por desarrollar los mercados nacionales de productos orgánicos, que propicien la inclusión social de productores y consumidores, ha favorecido en los últimos tiempos el desarrollo de sistemas de garantía a los consumidores –alternativos al de tercera parte– que se reflejen en la reducción del precio final del producto.
Si bien algunos países de la región han desarrollado sistemas alternativos, como Argentina, Brasil, Chile y México, uno de los que ha despertado la atención de ALC es el sistema de certificación pública o semipública permitido por la legislación de la Unión Europa, y presente en España, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Polonia y Luxemburgo, entre otras naciones.
Este modelo consiste en el establecimiento de una autoridad de control (similar a una agencia certificadora de tercera parte) que opera parcial o totalmente con recursos aportados por el Estado, lo cual implica una disminución considerable de los costos de la certificación. En Europa, este aporte realizado por los gobiernos es considerado como una compensación económica para los productores orgánicos, en reconocimiento por sus contribuciones sociales y ambientales.
Actualmente, 15 países de ALC que conforman la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO), única entidad oficial responsable del tema de la agricultura orgánica en los países de las Américas, han solicitado a su Secretaría Técnica –a cargo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)– facilitar la visita de expertos internacionales a las naciones interesadas, con el fin de que compartan sus conocimientos y experiencias sobre el tema.
Especialista en Agricultura Orgánica, IICA.
