Cinco años y adiós motiva corrupción
Durante lo que va del año, he tocado el tema de corrupción/impunidad desde diferentes perspectivas, sugiriendo encontrar algo de control para que ésta disminuya en beneficio de un país, aún pequeño, que clama por soluciones para evitar la pobreza, donde ya está ubicado un elevado % de la ciudadanía. ¡La corrupción roba al pueblo!
Un cambio constitucional profundo que ponga fin al nefasto documento del 72 y su serie de modificaciones inútiles, es de urgencia patriótica. Los tres poderes del Estado, hoy carentes de independencia entre sí, representan una trágica burla nacional; donde el poder del Ejecutivo, casi equivale al de un Rey. Quien éste sea, define con fuerza partidista, los candidatos a cargos de elección popular de su partido, nombra a los magistrados de la Corte Suprema, a las dos procuradurías y, para hacerlo corto, a los directores de entidades autónomas y semiautónomas, etc. Algunos de estos cargos exceden el periodo presidencial de gobierno. Al buen entendedor, pocas palabras.
Si como es el caso, existe una alianza partidista, poco le harán a quien, buen ejemplo, es el Alcalde de la ciudad, donde las auditorias reflejarán que, en la actividad de las villas navideñas pasadas, no hubo irregularidad alguna, (risa).
El periodo presidencial de 5 años sin reelección inmediata, es un pasaporte a la corrupción con impunidad garantizada. Una reelección inmediata, con periodos de 4 años, si es que los votantes deciden reelegir, representaría niveles de productividad elevados en el primer periodo, dando oportunidad para darle seguimiento al cumplimiento de promesas de campaña en el segundo. Hoy, con cambios de partidos gobernantes cada 5 años, por lo general ello no se da. Salvo la extensión de la cinta costera, que pareciera más un negocio que una real necesidad. Lo que debió hacerse era la ampliación del Corredor Sur.
Otros cambios constitucionales vitales, las causales de la revocatoria del mandato, en la Constitución, para todos los cargo de elección popular, no en manos de los partidos.
Los periodos de los procuradores coincidirían exactamente con los del Presidente de la República, igual otros cargos de nombramiento presidencial, salvo el de Magistrado de la Corte Suprema, el cual yo elevaría a 15 años, siempre que especifiquemos mejor la metodología de selección y nombramiento.
Una regulación constitucional objetiva, del derecho a legislar que concede la Asamblea general al Ejecutivo. La actual es absurda.
La APEDE presento un proyecto de reformas constitucionales en el 85, que fue sometido a la consideración de grandes constitucionalistas y acogido por la Junta Directiva de aquel entonces; ésta contiene propuestas muy concretas. Proyecto para el cual hemos sugerido, su actualización y re entrega a las autoridades.
