Cinco a cuatro…

Los recientes hechos suscitados en la Corte Suprema de Justicia dan la impresión de ser producto de maniobras políticas. Era un fallo anticipado por todos. Algunos se preguntan; ¿cómo es posible que el criterio jurídico coincida en los cinco magistrados nombrados por la alianza, y que, los cuatro nombrados por el PRD encajen en otro similar? ¿Preocupará a los magistrados que la opinión pública califique el juicio de Ana Matilde como político?

Parte de la respuesta es la inhabilitación de funciones públicas por cuatro años y 6 meses de cárcel. Eso es con el propósito de evitar una candidatura electoral. Si Gómez decide postularse el TE impugnaría su candidatura, pero nada le impide jugar sus cartas políticas, podría postularse y quedar como una víctima y/o candidata natural. Sin querer, han puesto a la señora en el mejor de sus momentos. En la medida en que los procuradores y magistrados sigan siendo nombrados por los partidos políticos contaremos, en las mismas proporciones, con una justicia parcializada, desmejorada, desvendada, con intereses marcados.

Ana Matilde Gómez entró en el juego político al sentir la presión del Ejecutivo en sus tareas. No obstante, a sus inicios en su gestión probó de la misma sopa, pero de la mano de Torrijos. Incluso despojó de su cargo a varios fiscales que a la postre recurrieron a la Corte en demanda de sus derechos, su reintegro costó casi más de 2 millones de dólares.

Sin embargo pareciera que los únicos que incurren en delitos son los procuradores, los que más remueven cada vez que cambian los gobiernos.

Nos encontramos frente a la injerencia de la clase política en la justicia. Desde dentro se nota y se agrava hasta llegar a una crisis en el proceso. Comienza en el nombramiento de los magistrados y continúa en un juicio que más que jurídico tiene matices políticos muy marcados.