Clandestinidad compartida
En este país parece reinar la anarquía. Son constantes las denuncias sobre pinchazos telefónicos, pero aún así continúan los abusos a la privacidad en completa impunidad. El escándalo más reciente donde presuntamente el procurador Ceville ordena un seguimiento de las conversaciones de su personal dentro de la institución es solo una muestra de esta desfachatez. Ábrego, el denunciante, afirma que los pinchazos los hizo desde los edificios de la institución. No solo eso, aparentemente el ex seguridad, tuvo acceso a los discos duros de las computadoras que Ceville estaba a punto de cesar en sus labores, todo esto por instrucción del mismo procurador. ¿Cuántas otras instituciones efectúan la misma operación sin consentimiento de la Corte Suprema y que desconocemos los comunes?
Ábrego acepta conscientemente y sin asco que este tipo de prácticas, los pinchazos, son parte de su profesión cotidiana, en cambio Ceville, no logra aclarar a la sociedad, ni por respeto a su investidura, qué movimientos se hicieron dentro de su despacho a conciencia de que se trataba de un delito y que le podría costar el puesto. Una duda me asalta; ¿si Ábrego salió de malas del SPI porqué Ceville lo reclutó como jefe de seguridad?
Entre líneas cualquiera pudiera predecir que un hombre que reconoce abiertamente, sin un abogado presente, que delinque sistemáticamente debe estar respaldado por algún interés. Especialmente en momentos en que se está a punto de desenredar el caso de la procuradora separada Ana Matilde Gómez, por causa similar. Los hechos simplemente confirman que en este país parece reinar la ilegalidad. La justicia terrenal es selectiva, pero por lo general, la vida se encarga de sacar a flote hechos que en un momento se pensaban ocultos en la eternidad. Actos cobijados en mantos con sabor a eterno poder, a inobservancia.
