Comarcas sin hidroeléctricas
Hidroeléctricas es la palabra de moda en Panamá. Pero no cualquier moda, una que dejó muertos, represión y tiene al país en vilo desde hace más de 10 días. Ya la discusión sobre la minería se superó, dejó de ser el principal problema –o la principal diferencia- entre el Gobierno y los indígenas ngäbes y buglés.
Todo, ahora, se limita al asunto del desarrollo hidroeléctrico dentro de esa comarca indígena.
Pero si se analizan los proyectos actualmente validados por la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) e incluso los que se encuentran en trámite de aprobación, solo uno (Barro Blanco, que desarrolla Generadora del Istmo S.A.) se encuentra cerca de la comarca Ngäbe-Buglé.
No adentro, sino cerca, en áreas aledañas.
Los otros 39 proyectos, ninguno pasa ni se desarrolla por zonas comarcales. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Cuál es el misterio que esconde el ya famoso artículo 5 que se discute en la Asamblea Nacional?
El único escollo, entendible desde el sector empresarial, es el tratamiento que se le dará a Barro Blanco, un proyecto que se desarrolló confiando en la seguridad jurídica del país.
Pero si este asunto se hubiera tratado de otra forma, quizás ya se hubiera aprobado el artículo 5, y el país, el Ejecutivo y los indígenas se hubieran ahorrado sangre, polémica y pérdidas millonarias.
No se puede ni se debe condenar a Panamá a desarrollar su matriz energética solo con plantas que funcionen con combustible. Ningún país apoya su desarrollo basado solo en usinas térmicas.
Pero sí se puede respetar la voluntad sobre su tierra, de los indígenas. Eso sí se puede.
La Asamblea Nacional debería de aprobar y consensuar un artículo que prohíba el desarrollo de hidroeléctricas en la comarca y zonas aledañas –delimitadas en forma clara- y pasar la página de la tragedia.
