Comisiones consultivas del ambiente
Presidente Fundación Guardianes del Ambiente
La atención pública hacia los problemas que con-llevan la contaminación ambiental hizo necesaria la participación ciudadana en la administración del ambiente, lo que en nuestro país se concretó en la creación de las Comisiones Consultivas Ambientales mediante la Ley General de Ambiente y reglamentadas por el Decreto Ejecutivo N.° 57 de 16 de marzo de 2000. Esta participación de la Sociedad Civil se puede dar a través de la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente, las Comisiones Consultivas Provinciales, Comarcales y Distritales del Ambiente. En general, estas tienen la función de analizar los temas ambientales y hacer observaciones, recomendaciones y propuestas a la autoridad ambiental correspondiente.
Desafortunadamente, las comisiones como mecanismo de participación ciudadana, en términos generales han sido un fracaso, por cuanto que no se está cumpliendo con el objetivo de contribuir a proteger y conservar el ambiente. En el caso concreto de las Comisiones Consultivas Distritales, son las que menos funcionan. Y esto se debe a que los alcaldes ni los representantes de Corregimiento le dan la importancia que tienen porque no les representa beneficio económico.
Antes tuve la oportunidad de ver estas comisiones, como fiscal de la Comisión Consultiva Ambiental del Distrito de Arraiján y después como parte de los funcionarios de la Anam. Sin embargo, la mayoría se conforma para cumplir con una formalidad, mas no con la intención de hacer algo por parte de gobernadores, alcaldes y representantes. La indiferencia de estos funcionarios, en cuanto al trabajo de las comisiones, es la razón de que en la mayoría de los casos, después que se constituyen, los llamados a convocar a los miembros no lo hacen, por lo que se extinguen irremediablemente.
Las Comisiones Consultivas del Ambiente se deben mantener como un mecanismo de participación ciudadana, siempre y cuando se reestructuren para que sean operativas. Y es que, el fracaso de estas se debe a la forma como están estructuradas. Según la ley, los gobernadores y los alcaldes presiden la Comisión Provincial y la Comisión Distrital, respectivamente, lo que a mi juicio es un error.
Los gobernadores y alcaldes en su mayoría son políticos de profesión, a los que no les preocupa los problemas ambientales ni las próximas generaciones. Mientras estos funcionarios presidan las Comisiones Consultivas, este mecanismo de participación de la sociedad civil seguirá siendo inoperante.
