Como en la dictadura
Como en los mejores tiempos de la dictadura de Omar Torrijos (el “buenesito”) y Noriega (el malo), el gobierno autoritario de Ricardo Martinelli ha impuesto una nueva Carta Orgánica a la Comarca Ngäbe-Buglé mediante el Decreto Ejecutivo 537 de 2 de junio de 2010, en abierta violación al Artículo 282, del Título IX, de La Carta Orgánica promulgada mediante el Decreto Ejecutivo 194 de 25 de agosto de 1999 desconociendo la participación de los organismos tradicionales del pueblo Ngäbe-Buglé, a través de sus congresos.
La legislación anterior se obtuvo a través de más de medio siglo de luchas por los Ngäbe-Buglés, en las cuales hubo muertos, encarcelados y perseguidos, y sólo se reconoció un tercio del territorio ocupado por este pueblo. El actual gobierno pretende burlar las aspiraciones indígenas mediatizadas durante las administraciones pasadas, que lo hicieron a la medida de los intereses económicos de la burguesía nacional y las corporaciones multinacionales, profundizando esa injusticia.
Ni la Ley 10 (1997) que creó la Comarca ni la Carta Orgánica (1999) se constituyeron en freno para el ingreso de diversas empresas nacionales y transnacionales que llegan para acaparar recursos naturales existentes en esa Comarca y territorios adyacentes. No se ha garantizado el derecho a la propiedad colectiva, no se ha impedido el desalojo de humildes comunidades ni se ha garantizado un verdadero desarrollo político, económico, social, ambiental, cultural ni espiritual para ese pueblo.
La ley 10 fue modificada en dos ocasiones para favorecer a intereses económicos foráneos, con lo cual cualquier empresa nacional o transnacional puede ingresar al territorio sin consultar con las autoridades Ngäbe-Buglés.
El gobierno actual está llevando programas paternalistas (limosnas), como durante la dictadura, para neutralizar a la población y lograr que sean los representantes de las empresas transnacionales quienes presenten las supuestas “bondades” de sus depredadores proyectos, erigiéndose éstos en “gobierno”.
La pobreza de los Ngäbe-Buglés se debe al divisionismo ocasionado por la partidocracia y la politiquería tradicional, a la mala distribución de las riquezas, al paternalismo, a la falta de voluntad de los gobiernos para destinar fondos nacionales e internacionales para el desarrollo social de estas comunidades y el impulso de una legislación que fortalezca la verdadera autonomía política, económica, cultural, social y ambiental, en el marco de los Convenios Internacionales como el 169 de la OIT.
El actual gobierno pretende profundizar esta situación imponiendo modificaciones a las leyes nacionales en materia ambiental y laboral, para favorecer al capital nacional y transnacional, reforzando la impunidad de la Policía, para militarizar las áreas de interés. Es preocupante el retroceso en materia ambiental para introducir proyectos que provocarán desalojos forzados, agravando la situación socioeconómica del país.
