Compleja situación
El incumplimiento de 14 universidades que no entregaron su autoevaluación al Consejo de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, y su consiguiente cierre por 30 días, es una situación muy delicada que podría acarrear también la violación de normas penales.
La situación involucra a miles de estudiantes que confiaron en instituciones de educación superior, aprobadas por el Estado, que aseguraban brindar un servicio cónsono con lo que establecen las leyes y que ahora ven como sus esfuerzos quedan en entredicho.
A estas universidades acuden personas de todas las edades, gente que trabaja de día y estudia de noche, que deja de llevar alimentos a sus casas para pagar las mensualidades de algunos centros que podrían incurrir hasta en delitos contra el patrimonio económico.
Cierto es que las universidades que incumplieron tienen 30 días para enmendar esta situación; sin embargo, los estudiantes sufrirán la pérdida de clases durante este periodo y el descrédito de cursar estudios en centros superiores de dudosa reputación.
Esto involucra cosas mucho más graves que un simple incumplimiento y el cierre momentáneo, hay estudiantes que han hipotecado su futuro inmediato en préstamos para pagar sus estudios.
Las autoridades tienen que ser enérgicas con los propietarios, y en caso de que haya cierres definitivos debe haber acciones legales para reivindicar a los que sientan burlados sus derechos.
El Ministerio de Educación y la Coneaupa dieron ya el primer paso, no puede haber marcha atrás ni flexibilización de posiciones. En esto no solo está en juego la inversión y las ilusiones de miles de estudiantes, también se involucra la competitividad misma y la imagen del país.
