Conflicto de tránsito
El conflicto entre la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y los buses piratas se ha convertido en un círculo vicioso. Les asiste razón a las autoridades del Tránsito en denunciar a los propietarios de buses que circulan por las calles sin concesión de rutas y sin los requisitos puntualizados por la Ley Orgánica del Tránsito Terrestre y el reglamento. Pero los buseros responden que quieren legalizarse, pero no se les permite. Al llegar al punto muerto de las divergencias, la ATTT multa y remueve con grúas los vehículos y estos, en inaudita represalia, cierran calles en horas punta, lo que perjudica a los usuarios, víctimas de la intransigencia de las partes.
La realidad no se cambia por decreto es un aforismo político que se aplica a esta situación. La realidad es que los buses piratas cubren un servicio insatisfecho por el incumplimiento del contrato de la empresa legalizada para atender a los desamparados usuarios que, por llegar a sus destinos, asumen el riesgo de viajar sin las garantías de seguros privados, pilotos con licencia, vehículos en buen estado.
¿Qué debe hacerse ante el dilema? Una salida sensata es legalizar a los ilegales que atienden una demanda de uso que está en el aire porque no se cumplen las rutas del contrato con la ATTT. El convenio prevé la opción de subcontratar empresas, pero no se cumple esta obligación contractual. ¿Por qué la empresa no subcontrata a los ilegales que operan las rutas abiertas, y los obliga a satisfacer los requisitos de la ATTT? En otras palabras, no se puede ser flexible con la empresa legal que no se agita en las rutas e inflexible con los que responden a las necesidades reales de los usuarios, aunque al margen de las formalidades de las concesiones.
Se comenta que existe un trasfondo que bloquea la superación del conflicto, un trasfondo de propietarios y palancas que tienen cupos y que rechazan el otorgamiento de más cupos de operación. Como se sabe, técnicamente los cupos deben otorgarse en forma gratuita. Sin embargo, en los hechos los cupos de operación se venden a precios onerosos en el mercado clandestino del tránsito público. Taxistas y empresarios se ven obligados a someterse a la comercialización creada por las mafias, desde tiempo atrás. Así se configura la contradicción entre los que ilegalmente venden cupos de operación, y a los que se llaman piratas porque no se rinden a los abusos de las mafias del tránsito terrestre. Hay un antiguo banco de datos de denuncias contra la venta de cupos, pero poco o nada se ha hecho por restablecer la aplicación de la ley. Sucede que los compradores de cupos se sienten dueños del mercado del transporte público en la capital y las provincias y mantienen férreamente un monopolio que lesiona intereses de otros transportistas, pero sobre todo del público.
Todo el cúmulo de arbitrariedades, ilegalidades, contradicciones plantea la revisión de la ley a la luz de realidades urbanas. No basta limitarse a la actualización de las normas reguladoras a cargo de la ATTT y los transportistas. Es ineludible también tomar en cuenta a los usuarios de buses y taxis. El metro, la ampliación de las vías de comunicación, los puentes elevados y soterrados demuestran que la administración de Ricardo Martinelli respondió a las demandas del público del mejoramiento del transporte urbano.
