Conflicto ecológico
Los detractores gubernamentales han convertido en un hábito lanzar denuncias sin pruebas, desinformando a la opinión pública. A lo largo de cinco años, la costumbre convirtió en un vicio político de oposición fraudulenta distorsionar la realidad de hechos administrativos. A esta especie despreciable pertenecen las imputaciones descargadas contra la Fundación Público Privada de Áreas Protegidas y Corredores Biológicos de utilizar recursos públicos destinados a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).
Según el comunicado divulgado en los medios, la fundación se creó siguiendo el modelo de otras fundaciones ambientalistas privadas, adecuándose a dispositivos sobre la materia, conforme acredita la personería jurídica otorgada por el Ministerio de Gobierno.
Estas organizaciones sin fines de lucro están sujetas a la fiscalización de la Contraloría General y el Ministerio de Gobierno en cuanto al manejo, destino y funcionamiento de recursos públicos que puedan gestionar. Aclara el comunicado, asimismo, que las personas naturales de la fundación trabajan ad honorem, por su vocación de involucrarse en la gestión ambiental del país. No han gestionado ni manejado recursos públicos y privados, como afirman temerariamente los críticos de esta asociación público-privada.
En otras palabras, la fundación pertenece al tipo de las asociaciones público-privadas que coordinan la participación de organizaciones no gubernamentales con la finalidad de apoyar los esfuerzos de la República de Panamá a través de sus instituciones públicas y la sociedad civil organizada para mejorar la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y contribuir a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones establecidas dentro de las zonas de amortiguamiento.
En realidad, es sensato y patriótico alentar la movilización de la comunidad nacional para preservar las áreas protegidas de vida silvestre y proteger los corredores biológicos, ya sea organizando entidades ambientales sin fines de lucro, ya sea fomentando la concienciación de todos los panameños para que se transformen en guardianes de la biodiversidad. Estos conceptos debieran incorporarse a las innovaciones curriculares del sistema educativo.
Por otro lado, el proyecto del Órgano Ejecutivo para que las disputadas tierras de Juan Hombrón sean refugios de vida silvestre encajan pertinentemente con la política ambientalista general del gobierno. Frente al propósito de mercantilizar las playas de Juan Hombrón con recursos improcedentes de derecho posesorio, se prioriza la biodiversidad otorgándole el estatus de áreas protegidas. La Asamblea Nacional de Diputados deberá respaldar oportunamente la iniciativa dentro de la concepción ambientalista de protección a la biodiversidad, más allá de ambiciones inmobiliarias que se esconden en las filas de la oposición.
Todavía queda por hacer en la modernización del Derecho Ambiental Administrativo de Panamá, no obstante, la preocupación del Órgano Legislativo presente a partir de 1913 con la ley sobre conservación de riquezas naturales. La Constitución de 1972 estableció que “es deber del Estado velar por las condiciones ecológicas, previniendo la contaminación del ambiente y el desequilibrio de los ecosistemas”.
