Constituyente, una luz en el camino
Es una buena noticia, una luz en el camino. La instalación, en fecha reciente, de la Comisión del Colegio de Abogados que tratará lo relacionado con la "constituyente" es, para decirlo así, un llenar el vacío de una promesa no cumplida en tiempo electoral, pero que además motiva los soportes para concitar esfuerzos que hagan realidad lo que es una necesidad esencial para la institucionalidad del Estado panameño: urge una nueva Constitución.
Si bien el cambio constitucional no es la panacea a los males que hoy permean la estructura institucional, no deja de ser, sin embargo, el camino legítimo para canalizar el saneamiento de lo que "no está sano". También resulta cierto que el texto constitucional es tinta y papel y lo que, en verdad, urge reformar son nuestras cabezas donde se asienta la inmoralidad y lo antiético. No obstante, frente al desbarajuste que vivimos, hay ejemplos que dicen que ella, la nueva Constitución, sería una salida esperanzadora.
Como en otras latitudes, Panamá afronta la necesidad de reformar la carta fundamental. En esto coincide un número plural de sectores de la sociedad civil. Pero hay que actuar y es lo que, hasta donde entendemos, hará la comisión.
Ya sabemos que la Constitución de 1972 es la que está vigente. Varios son los actos de reformas. El primero, en 1982, dicta las pautas de lo que fue denominado la "apertura democrática" con "repliegue militar". Le siguen las reformas de 1994 con el gobierno de Ernesto Pérez Balladares. Con estas, se aprueba un título sobre el Canal de Panamá y se "desmilitariza el país con la prohibición, hacia futuro, de "tener ejército". Para 2004, en el gobierno de Martín Torrijos, se aprueban nuevos cambios. Han predominado los "parches" y no los cambios de fondo.
Por ello, el periodo 2016-2019 es vital para repensar, de manera profunda, el marco que sustancia al Estado panameño. Hay que afianzar la débil democracia, superar la democracia de papel. Pero esa visión no deberá circunscribirse a las instituciones de poder y a la forma en que este se constituye; esto es importante, pero sin que implique reducirlo en desmedro de otras actividades estratégicas para la sociedad, como la educación, la ciencia, la investigación y el desarrollo.
Para ello, la labor de la constituyente deberá de revertirse de la autonomía en el desempeño de tan esencial tarea con respecto a los poderes instituidos, siempre resistentes a los cambios de fondo. Es básico que el ejercicio de tan importante tarea conduzca no solo a la revisión del estatus y deterioro de aquellas figuras relacionadas con el poder político, sino que es la oportunidad para mejorar sustancialmente asuntos que cualifiquen a la sociedad panameña.
Claro que resulta imperativo hacer frente al déficit por el que transita la democracia, de por sí deteriorada. Es necesario revisar todo el aparataje que incide en la dirección de la democracia. Quizás por esto es legítimo aquello de que ha llegado la hora de impulsar la constituyente y que esta coloque sobre la mesa del debate y de las decisiones los asuntos de fondo y no solo las meras formalidades. Es lo que imaginamos se planteará la Comisión del Colegio de Abogados.
Director del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá (Iden)
