Consultorías ambientales en los municipios
La misión de proteger el ambiente es una de las tareas más complejas y costosas para cualquier gobierno o sociedad, dado el radio de acción que ello implica; además de la estructura orgánica administrativa y el recurso humano- técnico y profesional que se requiere. Esta materia se tiene que tratar como la misión compartida para un proyecto integral de supervivencia. La participación ciudadana sería el eje transversal hacia ese cambio de cultura ambiental que se requiere. Los mecanismos legales existen. Veamos.
La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), como entidad rectora del Estado en materia de recursos naturales y del ambiente, promueve una política ambiental de seguimiento y estimula la participación ciudadana para compartir una compleja agenda de trabajo, inherente a la conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, a través de un monitoreo continuo y sostenible por mar, cielo y tierra.
Llevar a cabo esta noble misión, requiere del aporte de una serie de actores de la sociedad civil organizada, incluyendo a organizaciones civiles de grupos de bases comunitarias para que ejerzan el poder de la participación ciudadana a través de los espacios que la Anam abre al concurso de la sociedad. Esta acción va ligada a un nuevo movimiento colectivo, interesado en incidir en la toma de decisiones y la formulación de legislaciones que salvaguarden el ambiente y los diversos ecosistemas de forma sostenida.
La Anam a través de la Dirección de Fomento de la Cultura Ambiental y su Departamento de Participación Ciudadana, gestiona la conformación y funcionamiento de las Comisiones Consultivas Ambientales (CCA), de conformidad con la Ley 41, del 1 de julio de 1998, y el pensum regulado por el Decreto Ejecutivo N.° 57 del 16 de marzo de 2000. Estas comisiones se constituyen en organismos de consulta de la Anam, en la esfera nacional, provincial, comarcal y distrital para analizar temas ambientales y posteriormente hacer observaciones, recomendaciones y propuestas. Dan además, seguimiento a la gestión ambiental, de acuerdo con las políticas y estrategias socio-ambientales establecidas como foro, en el que la sociedad organizada exponga y delibere su punto de vista y encuentre las alternativas para un mejor entendimiento en esta materia. Estos organismos encabezados por los gobiernos locales para dirimir asuntos ambientales –igual que en otros países– están conformados por personas con liderazgo comunitario y perfiles ambientalistas. Surgen de la selección de las instituciones públicas-municipales, clubes cívicos, sector de los trabajadores, gremios empresariales y productores, grupos académicos y profesionales, entre otros.
La importancia y conveniencia de las comisiones radica en el poder que los gobiernos locales ejercen en su conformación y funcionamiento, toda vez que el gobernador encabeza la CCA provincial y el alcalde, más tres miembros del Consejo Municipal (representantes de corregimiento), hacen mayoría en CCA distrital.
Estas autoridades municipales tienen el deber de acatar y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República, los decretos y órdenes del Ejecutivo y las resoluciones de los tribunales de la justicia ordinaria y administrativa.
El alcalde, ente político y dirigente comunitario, suma gran poder de convocatoria, facultad que le brinda un liderazgo combinado. Cabe destacar que este funcionario de elección popular también es jefe de Policía en su distrito.
La Ley 106 de 8 de octubre de 1973 que rige a los municipios, poco o nada contribuye con los gobiernos locales, en cuanto a legislación ambiental para hacer un pórtico a un sinnúmero de violaciones a normas ambientales establecidas, a pesar de la figura del alcalde como máxima autoridad distrital. La CCA distrital, por sustento de la Anam, viene a hacer mancuerna y da poder a un organismo de consulta y un funcionario con una legislación que da seguimiento a una política ambiental de Estado. Cuando el municipio comience a aplicar el poderío en materia ambiental, empezarán a disminuir los delitos ambientales y comenzaremos a tomar conciencia de cómo proteger el ambiente y recursos naturales.
En Panamá hay experiencias exitosas del trabajo de las CCA con los gobiernos locales, en cuanto a proyectos de deforestación, viveros, reciclaje y limpieza de playas, para mencionar algunos. La educación ambiental y el cambio de cultura son los puntos en los que más se necesita ahondar en el hombre de las áreas rurales, ya que sus costumbres y técnicas de trabajo, en cuanto al uso de la tierra y el aprovechamiento de los recursos naturales, degradan su potencial y ponen en duda, la existencia de los diversos ecosistemas en los que habita.
