Contra el asilo
La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el decreto ejecutivo de 2010 que otorgó asilo territorial a la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) María del Pilar Hurtado. Días antes de conocerse este fallo, la Corte Suprema de Colombia rechazó por improcedente la solicitud de extradición tramitada por el Ministerio de Justicia por considerar que la Fiscalía General de Colombia es la entidad competente para tal petición. Poco después, la Fiscalía colombiana requirió la extradición de la que fuera jefa de la policía secreta y anunció que enviará a Panamá a un agente para tramitar la deportación una vez se produzca la notificación del fallo dentro de las reglas del debido proceso panameño.
Hurtado es procesada en su país por los supuestos delitos de interceptación de comunicaciones de jueces, periodistas y políticos de la oposición; peculado por apropiación; falsedad ideológica en documentos públicos; abuso de función pública y concierto para delinquir. Otros exfuncionarios de la policía secreta recibieron imputaciones por los mismos delitos.
El país que otorga el derecho de asilo le da la calificación al asilado o asilada, y el Gobierno la consideró como perseguida política. Sin embargo, la Corte Suprema, por 8 votos y un salvamento, emitió sentencia contra el decreto de 2010 por configurarlo como violatorio de la Constitución. El artículo 184, numeral 9 de la Carta Política, establece como una atribución del presidente de la República dirigir las relaciones internacionales. El presidente electo, Juan Carlos Varela, ha declarado que en el momento debido revisará el caso de la exjefa del DAS.
El exprocurador Rogelio Cruz declaró que la exfuncionaria podría solicitar el cambio de su estatus migratorio en Panamá y que podrá residir como asilada hasta que la Corte notifique el fallo a la autoridad competente. Sin embargo, es admisible su deportación a Colombia al cumplirse los respectivos trámites.
El hecho político de que el presidente Juan Manuel Santos insista en la extradición de Hurtado, nombrada en el DAS por el expresidente Álvaro Uribe, es conceptuado en círculos colombianos como un recurso electoral para impactar en la segunda vuelta las posibilidades del candidato Oscar Zuluaga en circunstancias que los sondeos publicados por El Tiempo de Bogotá indican que podría recibir el 47% de los votos contra el 45% de Santos. Sin embargo, en círculos opositores al uribismo se comenta que Hurtado debe ponerse a derecho para afrontar los cinco cargos que se le imputan en el proceso, de los que la interceptación ilegal de comunicaciones, las “chuzadas”, como se les llama en el vecino país, es el más drástico de los supuestos delitos.
Para observadores de la campaña electoral es significativo que las grabaciones ilegales se han convertido en plato común de las denuncias de Santos contra Zuluaga, tal como las interceptaciones a las negociaciones del Gobierno y las Farc en Colombia, atribuidas a hackers contratados por los uribistas. La intensificación de acusaciones cruzadas en el torneo electoral en el contexto de la guerra sucia y no los planes sociales de Gobierno habrían redundado en la baja participación de los votantes en la primera vuelta, sin descartarse que pudiera ampliarse la reducción del porcentaje de electores o votos en blanco en la segunda vuelta.
