Contra los códigos
Las indagatorias de Rafael Guardia y Giacomo Tamburrelli arrastran vicios procesales difíciles de aceptar en tribunales imparciales. Súbitamente, los amnésicos recuperaron la memoria, dentro de un lapso de negociaciones con los fiscales para involucrar a medio mundo en sus latrocinios y obtener por trueque penas benévolas. Como ha dicho el experimentado abogado penalista Reinaldo Cruz, se viola descaradamente la reserva del sumario y se envían parte de los expedientes a los medios de comunicación progobiernistas para que alienen a la opinión pública con escándalos previamente arreglados. Los expedientes son el plato común de la televisión y la prensa adicta al régimen. Se presenta como verdad lo que dicen Guardia y Tamburrelli para zafarse de sus chanchullos para que los televidentes y los lectores crean que han sido condenados en instancia única por el Ministerio Público. No aportan pruebas que no sea lo que sus lenguas debidamente lubricadas entregan a los fiscales nombrados ex profeso por la máxima jefa designada para enlodar al gobierno anterior.
La procuradora Kenia Porcell ha hecho méritos para ser procesada por permitir la violación de la reserva del sumario y la entrega de los documentos de las indagatorias a los medios antes que los conozcan los abogados de la defensa. Han desaparecido garantías constitucionales fundamentales como la presunción de inocencia, la reserva de los sumarios, el derecho a la defensa de los imputados y la obtención de pruebas jurídicamente valederas.
Se presiona a la Corte Suprema de Justicia para que rechace Los hábeas corpus de Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, de acuerdo con el abogado Gonzalo Moncada Luna. El Consejo de Seguridad presiona a funcionarios del anterior gobierno para que testifiquen según lo que se les dice sobre pinchazos telefónicos, aseveran exmiembros de la Seguridad. El colmo de los colmos es la revelación de un testigo de que se está usando el equipo de espionaje adquirido en el gobierno de Martín Torrijos para escuchar las conversaciones del expresidente Ricardo Martinelli. ¿ Por qué el Ministerio Público acepta testimonios solamente contra el gobierno de Martinelli y no contra el régimen de Varela? Puede actuar de oficio ante la magnitud jurídica de las denuncias. Obviamente se hacen de la vista gorda porque han sido designados con fines de persecución política de unos, y de protección de otros.
El ordenamiento jurídico es una masa de pizza que pone en guardia a la gente. El Código Judicial establece que las atribuciones generales del Ministerio Público son “investigar las contravenciones de disposiciones constitucionales o legales y ejercitar las acciones correspondientes” (artículo 347, numeral 4). “Cuidar que los demás servidores públicos del Ministerio Público desempeñen fielmente sus cargos y exigirles responsabilidades por las faltas o delitos que cometan y ejercitar las acciones correspondientes” (artículo 348, numeral 5). “La presunción de inocencia del imputado obliga a guardar reservas en cuanto a su nombre y otras señas que permitan su identificación o vinculación con el delito que se investiga. El incumplimiento de esta disposición constituirá delito de calumnia” (artículo 2079).
Las indagatorias se han hecho fuera de la ley. No se cumplen los dispositivos del Código Judicial sobre presunción de inocencia, reserva del sumario, medidas cautelares pertinentes, garantías procesales, en general. Las transgresiones al debido proceso constituyen vicios de absoluta nulidad. La Procuraduría confunde diligencia con precipitación.
