Contradicción y ejecución de promesas
El presidente del país informó recientemente sobre la reactivación de la Concertación Nacional y designó como responsable a Ernesto Carles, ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, para que la presidiera. En hora buena tal decisión; es el comienzo de volver sobre los caminos de la participación social, los diálogos y consensos. Sin embargo, debemos estar vigilantes, para que de verdad dicho escenario de la Concertación juegue un papel preponderante en la vida nacional; implica renovar y cambiar a varios representantes de organizaciones, que hoy se desempeñan como funcionarios del Gobierno. Lo anterior es necesario para garantizar transparencia e independencia.
El anuncio del Sr. Presidente, si bien positivo, deja algunas preocupaciones, sobre todo, en temas que ya fueron consensuados en la Concertación y si existe voluntad de ejecutar algunos acuerdos, verbigracia, la cuestión constitucional. En la Concertación se consensuaron reformas constitucionales, mismas que fueron remitidas a la Comisión de Notables, cuyos integrantes culminaron con su trabajo de elaborar una propuesta de reformas integrales al sistema constitucional. Desafortunadamente, el pasado gobierno en ese tema se burló de los panameños.
Me parece un error del presidente Varela retrotraer la temática constitucional al ámbito de la Concertación. Esta temática ya cursó ese trámite. De allí que esa postura del gobernante haya sido interpretada como una manera de evadir la cuestión de la convocatoria a una asamblea constituyente. Con relación a esta promesa, percibimos que el gobernante maneja un lenguaje nada claro.
Me siento obligado a señalar que si bien no debemos dar cuartel a la lucha contra la corrupción, no podemos permitir descuidar la agenda de los problemas que afectan al pueblo (producción nacional, seguridad ciudadana, empleos decentes y de calidad, la cuestión sanitaria, la salud, etc.).
La cuestión relacionada con la corrupción en el país está institucionalmente articulada en los términos, condiciones y formas de relacionarse los poderes del Estado. El presidente escoge y nombra a los magistrados de la CSJ, quienes juzgan a los diputados y estos al presidente y magistrados de la CSJ. Esta realidad institucional ya se está volviendo insostenible, recrea las tentaciones prebendales y todo tráfico de influencias. Esto hay que cambiarlo, por ello, el programa de lucha contra la corrupción tiene como uno de sus ejes el necesario cambio constitucional.
