Contrahuelga
Las manifestaciones públicas de alumnos y padres de familia contra la huelga de maestros configuran una nueva modalidad de protestas: la huelga contra la huelga, la contrahuelga, el rechazo rotundo de los protagonistas centrales del sistema educativo ante el premeditado ausentismo de los profesores. Enfatizando el descrédito exponencial de la huelga de maestros, la Defensoría del Pueblo suspendió su mediación entre el Ministerio de Educación (Meduca) y los huelguistas, porque no debe caer en la contradicción de defender supuestos derechos humanos a quienes violan los de terceros. El cierre de calles a las horas de máximo tránsito lesiona el derecho al libre tránsito de los ciudadanos.
La opinión pública repudia que los maestros se opongan al mejoramiento de la calidad de la enseñanza pública, existiendo tantas muestras del bajo nivel cultural de sectores atrincherados en la mediocridad.
Antes se opusieron a la transformación curricular; desacataron el bilingüismo en la enseñanza: no aprovecharon el enriquecimiento cultural mediante computadoras y herramientas cibernéticas. Han saboteado la implementación de nuevos métodos de enseñanza, utilizando únicamente motivos politiqueros.
Se presenta la incongruencia de que se declararon en huelga de hambre profesores que pertenecen a escuelas donde se aplicó la autoevaluación en forma satisfactoria y han recibido el primer aumento de $300 al sueldo básico. No hay otra alternativa que la inmediata suspensión de una huelga que carece de fundamento.
Los huelguistas tienen en contra a los estudiantes, a los padres de familia, a la opinión pública. El Meduca dirige el sistema educativo por un claro dispositivo constitucional que le confiere el derecho de suministrar educación de calidad cognoscitiva a los niños y adolescentes panameños. Sin embargo, los huelguistas se ponen al margen del ordenamiento constitucional, ya sea por ignorancia inexcusable de los principios de la Carta Política, ya sea por un obstruccionismo sistemático basado en consignas políticas.
Ya los veremos clamando que les paguen las clases no dictadas y cuestionando un nuevo horario de recuperación en el periodo de vacaciones. Ya los oiremos denunciando injusticias imaginarias cuando han creado injusticias reales.
Panamá no merece una clase de profesores que están en estado de guerra permanente con la sociedad, que, siendo docentes, no razonan. Las reformas constitucionales que se avecinan deben revisar el capítulo de la Educación para que no se repitan hechos que impiden el cumplimiento del requisito básico de enseñar y no acumular antivalores como vienen haciéndolo, impunemente.
La educación es un deber irrenunciable del Estado; un derecho otorgado a los panameños de las nuevas generaciones. La huelga de profesores debiera pertenecer al catálogo de servicios públicos que no pueden dejar de cumplirse. Es deprimente constatar que para ciertos sectores la educación ha dejado de ser una noble vocación para convertirse en un campo de batalla ideológico. Estamos a tiempo de cambiar el sistema educativo formando nuevos maestros.
