Contraloría en pugna
Después del intento de enjuiciar a la actual contralora, Gioconda Torres de Bianchini, las bancadas oficialistas del panameñismo y el perredismo no se ponen de acuerdo sobre el nuevo contralor, y presentarán candidatos propios. Las pugnas revelan que es absolutamente falso e hipócrita el puritanismo fiscal de los agresivos detractores de la contralora y que el desacuerdo procede de un crudo apetito canino por el dominio de los cargos clave del aparato estatal.
Para el panameñismo y el PRD, la gobernabilidad no es otra cosa que la repartición de canonjías burocráticas que hacen de la planilla estatal un revoltijo de nombramientos de parientes y miembros de los partidos, violando la Constitución, la ley de carrera administrativa y el código de ética de los servidores públicos.
Si fuera verdadera la intención de nombrar un nuevo contralor independiente de influencias políticas no estarían enfrascados en una competencia de raíz política. El PRD anuncia que tiene candidato propio —entre los cuales figura el diputado Leandro Ávila quien fue funcionario de la Contraloría y conoce el teje y maneje de la institución—, mientras que el gobierno abanica también a ciertos allegados del panameñismo.
Cotejando votos parlamentarios, más opciones tiene la bancada del PRD para desestimar el candidato del gobierno y apoyar su propio candidato. Porque el gobierno propone, pero la Asamblea dispone. Si el Tribunal Electoral continuara entregando credenciales de diputados a los del PRD, se reforzaría la mayoría legislativa en sus manos, con el poder de ratificar o no las propuestas del régimen panameñista.
Corre por los círculos políticos la hipótesis de que el gobierno negocie con Cambio Democrático (CD) una alianza coyuntural para nombrar al nuevo contralor. Tal hipótesis no resultaría viable por la intemperancia política del gobierno perseguidor de funcionarios del gobierno anterior. ¿Por qué el CD aceptaría un acuerdo legislativo con la bancada panameñista exasperantemente rencorosa y punitiva?
Como ejercicio político especulativo podría decirse que CD exigiría la cesación de la enemistad beligerante del gobierno de Varela que quiere recortar el número de diputados electos y promueve escándalos temerarios con la complicidad de los medios adeptos al régimen.
Según algunos observadores, podría ser más factible un entendimiento parlamentario de CD y PRD para construir una oposición constitucionalista para poner freno a las sistemáticas violaciones del nepotismo panameñista enquistado en ministerios, servicio diplomático, aparato estatal y el Estado de Derecho en general.
Un primer signo de cordura política sería impedir que el gobierno siga manteniendo perjuicios económicos como el fracasado control de la canasta básica; la hostilidad manifiesta contra empresas privadas que invirtieron en el país por el respeto a la seguridad jurídica; y el pago de altos sueldos a una burocracia nepótica completamente ilegal. Los nombramientos de embajadores y cónsules confirman la tendencia a la mediocridad.
Pero no se debe entender la oposición como un obstruccionismo estéril, sino como un contrapeso para que Panamá no siga por el camino que ahuyenta inversiones para emplear a los panameños, que carecen de apellidos resonantes. En dos meses, el gobierno ha dado muestras suficientes de irresponsable incompetencia. Las promesas de campaña ahora son solo un triste recuerdo.
