Contrato con GUPC
El 4 de noviembre de 2007, durante el gobierno PRD de Martín Torrijos, escribí un artículo titulado “Coronado: Reflejo de la actualidad panameña”. En este artículo dije lo siguiente: “Ojalá que los dueños de estas mansiones en Coronado, cuando regresen a sus aún mejores mansiones o penthouses en la ciudad de Panamá, o cuando lean este artículo, piensen un poco en los miles de panameños que viven en la pobreza o pobreza extrema en casas brujas, caserones de madera clausurados que se están cayendo, chozas en el interior y hagan algo al respecto porque la vida da muchas vueltas y a veces estamos arriba y de pronto estamos abajo, o nos cae una enfermedad como castigo divino por nuestra codicia en la que no hay riqueza que valga porque como dice la Biblia: ‘es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos’”.
El gobierno PRD de Martín Torrijos, a través de un administrador del Canal (Alemán Zubieta), según la noticia, otorgó “el contrato de diseño y construcción del tercer juego de esclusas adjudicado por la Administración del Canal a GUPC, en julio de 2009, al presentar una oferta de $3 mil 118 millones, la más baja entre otros dos contratistas”. Otorgó esta obra a una compañía con un largo historial de actos similares en España a los que están ocurriendo actualmente en nuestro país.La pregunta que nos hacemos todos los panameños es ¿cómo para la obra más importante en la historia de nuestro país después de la construcción del Canal mismo, el gobierno PRD de Torrijos busca una compañía de esta mala reputación y bajo calibre? ¿Por qué el gobierno PRD de Martín Torrijos se hizo de la “vista gorda” ante esta realidad?
SI GUPC NO CUMPLE LO NEGOCIADO, LA ADMINISTRACIÓN DEL CANAL DEBE TERMINAR LA OBRA, PUESTO QUE TIENE EL DINERO Y LA CAPACIDAD TÉCNICA PARA HACERLO.
Los medios han sacado a relucir que el antiguo administrador del Canal (Zubieta) tiene intereses en el consorcio GUPC, a la que se le otorgó la licitación. Si esto es cierto, entonces el asunto es gravísimo y amerita una investigación de oficio por parte de la Procuraduría.
Pensando en todo esto me acosté a dormir anoche y tuve un sueño, mejor dicho una pesadilla. Soñé que yo era el “abogado del diablo” y logré deslindar el asunto. El PRD, que se corría a robo para ganar las pasadas elecciones, hizo un contrato, tipo patente de corso, con GUPC, descendiente directo de los conquistadores españoles, para desfalcar al Estado y a todos los panameños de su “oro” (los ingresos del Canal) tal y como lo hicieron los antiguos conquistadores con todo el oro de América.
El tiro les salió por la culata porque un señor llamado Ricardo Martinelli les dio una arrastrada en las urnas y el “negociado” no se les dio completo. En la actualidad, el consorcio está sin flujo de capital, incapaz de completar la obra, a pesar de que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha cumplido con el contrato y los pagos, según el contrato.
El PRD y el resto de la oposición están viendo que el candidato del gobierno está cabalgando con un 41% de los votos y que el gobierno del cambio se va a reelegir.
Ambos, GUPC y el PRD están desesperados, uno por motivos económicos y el otro por motivos de acceso al poder político y económico a toda costa. Así que momentos “desesperados” traen “medidas desesperadas” y lo que está ocurriendo es el reflejo de ello.
Ricardo Martinelli tuvo que resolver el entuerto que nos dejó el PRD con los corredores Norte y Sur. Ahora le ha tocado resolver este entuerto también. Él ha logrado una mediación con la ministra de España y todas las partes.
GUPC y la ACP han negociado un nuevo acuerdo. Si GUPC no cumple lo negociado, la Administración del Canal debe terminar la obra, puesto que tiene el dinero y la capacidad técnica para hacerlo. Si este es el caso, debe ponerle una demanda multimillonaria a esta compañía por incumplimiento de contrato para que nunca más un gobierno serio los contrate.
El Gobierno, a través de la Procuraduría, debe hacer una investigación hasta las últimas consecuencias de los pormenores de este contrato y lo acontecido y si hay un intento de atentar contra la seguridad del Estado panameño y contra el patrimonio de todos los panameños como lo es el Canal de Panamá, entonces deben dar con sus huesos en la cárcel los culpables.
