Control previo

La decisión de la Contralora General de la República eliminando el requisito de control previo a las compras en varios ministerios, debería ir acompañada de un programa de capacitación a sus funcionarios, destinado a evitar que estas instituciones violenten normas establecidas en la ley de contrataciones públicas. Las actuales demoras en los trámites, que tratan de evitarse con esta medida, están fundamentadas en el repetido trasiego de documentos entre Contraloría y las instituciones para corregir errores cometidos, especialmente por administradores que no tienen experiencia y conocimiento en esta materia. Suprimir el control previo no eliminará los errores que han motivado la demora en los trámites, y, por tanto de ahora en adelante los directivos de las instituciones correspondientes aumentan el riesgo de culminar procesos con irregularidades que tienen graves consecuencias legales una vez que los actos ya han sido ejecutados. No puede negarse la importancia que adquiere la política en el ejercicio de la función pública, pero junto a ella debe marchar el derecho que garantice un manejo ortodoxo de los fondos públicos, y por ello no pueden improvisarse procedimientos al calor de intereses circunstanciales. Los espontáneos que entran a la carrera pública necesitan de una capacitación o de un acompañamiento que permitan eficacia y transparencia en su función.