Control y protección del ambiente
En nuestro país en junio se celebra el Mes del Ambiente, producto de la incrementación de una política ambiental promovida por la Autoridad Nacional del Ambiente, como garante de los peligros que amenazan el ecosistema.
Se han hecho significativos aportes a la educación ambiental, se han puesto en práctica los dos principales pilares: la educación ambiental y la comunicación ambiental, que son los garantes para que la población entienda que estamos frente a una situación real y que la conservación, prevención y protección de nuestro ambiente es compromiso de todos.
Es preocupante la degradación del planeta y la de nuestro ecosistema, lo que ha encendido la alerta, provocando que el Gobierno central haya invertido importantes recursos en fomentar la cultura ambiental, la cual está dando frutos positivos en la población general creando conciencia en la necesidad de un sistema de predicción y prevención, de desastres naturales; porque es importante seguir orientando a la población nacional y estar preparados para la mitigación y prevención de desastres naturales.
Estudios realizados por Naciones Unidas señalan que es necesario que las poblaciones del país estén capacitadas en prevención y mitigación, procurando disminuir el impacto negativo que pueda producir pérdidas de vidas y daños en la actividad económica producto de los fenómenos naturales.
El impulso y aplicación de la política de descentralización de la gestión ambiental por parte del Gobierno, aunado a la puesta en práctica de la divulgación climática, ha permitido la integración de la política pública con el objetivo de capacitar a los diferentes sectores provinciales, comarcales y distritales, brindándoles información necesaria que permita definir las prioridades y mejorar los niveles de eficiencia ambiental.
Las leyes de la República de Panamá establecen el deber de propiciar el desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas, comprometiendo al Estado a reglamentar, fiscalizar y aplicar oportunamente las medidas necesarias para garantizar la utilización y aprovechamiento racional de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de los bosques, tierra y agua, y establecer las bases para regular el uso de los recursos naturales no renovables con el objeto de prevenir que su explotación provoque daños sociales, económicos o ambientales.
