Controles justos
El Ministerio de Educación, junto a otras entidades fiscalizadoras, debe mantener su política de cero tolerancia contra las universidades que actúan al margen de la ley.
Ofrecer maestrías, posgrados y hasta doctorados sin contar con las certificaciones que exige la ley se convierte en un atentado contra la educación nacional.
Debe quedar plasmado que Panamá necesita ampliar su oferta educativa y elevar el nivel de la educación a nivel superior. Eso no significa que se deben relajar los controles en este mercado, por lo contrario, entre más exigente es el mismo se garantizará de plano la enseñanza a los estudiantes. Durante muchos años se han ignorado las certificaciones que establecen las leyes educativas y ahora que se pretende poner un poco de orden se han escuchado voces de protesta. No es una opción controlar este sector, es una obligación de las autoridades, porque de allí depende que muchos profesionales salgan realmente preparados al mercado laboral. La educación universitaria es clave en el proceso de desarrollo de los países. Panamá ha destacado por una economía sobresaliente en los últimos años y la generación de empleos en la que se requiere personal especializado es cada vez más frecuente.
En la medida en que las universidades que operan en todo el país cumplan con las certificaciones de sus planes de estudio, entonces se podrá aspirar a ser un país de primer mundo. Todo es un complemento que tiene su inicio en la educación desde las escuelas hasta finalizar el ciclo en las universidades.
La responsabilidad de impulsar la educación no es tan solo de los gobiernos, también deben participar activamente los sectores empresariales y las organizaciones educativas vinculadas a esta área. El esfuerzo es conjunto porque los beneficios serán percibidos en toda la población.
