Contubernios y otras formas de joder al pueblo
La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, de no admitir denuncias penales presentadas por presuntas irregularidades en donativos otorgados por diputados con presupuesto de la Asamblea Nacional, constituye una nueva digresión en la anochecida historia política de nuestro país. Este aparente contubernio entre los poderes del Estado en perjuicio del pueblo panameño, no hace otra cosa, que abrir la brecha política que distancia, cada vez más, al pueblo en su aspiración demócrata de convertirse en un verdadero factor real de poder; un sujeto de poder, en lugar de un objetivo del poder. La armónica pero constipada colaboración entre los tres Órganos del Estado e instituciones públicas de control y fiscalización para esquivar la rendición de cuentas y torear las responsabilidades legales a que eventualmente se exponen nuestras autoridades, es comparable con la dinámica de una macro organización criminal, con estructuras, roles y jerarquías muy bien definidas, porque a menudo se entrelazan y confunden las actividades públicas con actividades injurídicas y cuasi-delictivas.
El escandaloso caso de Odebrecht, que no reporta mayores avances a nivel nacional, las decenas de denuncias contra magistrados de la Corte Suprema que reposan en la Secretaría General y Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional; las denuncias contra diputados constantemente archivadas o engavetadas en la Corte Suprema y los señalamientos, pugnas y acusaciones cruzadas entre los propios magistrados de la Corte Suprema y su obligada confrontación con el leseferismo gubernamental y "status quo", no hacen otra cosa que dejar en evidencia un traslucido contubernio de la clase política para joder al pueblo panameño. Dado el escenario doliente, pero palpable de nuestra realidad cotidiana, frente a los ideales de nuestra Constitución Política, el Barón de Montesquieu, creador de la trilogía política de la separación de poderes, se debe estar revolcando en su tumba, ya que no existe ningún balance ni contrapeso entre los Órganos del Estado, sino, "contrario sensu", un contubernio o pacto de no agresión en el que nadie investiga a nadie.
En el caso de las irregularidades en donativos otorgados por diputados con presupuesto de la Asamblea Nacional, se debió ponderar el esfuerzo investigativo del diario La Prensa (empresa privada) en el que se documentó que, de julio de 2014 al 3 de marzo de 2017, la Asamblea Nacional pagó $14 millones en supuestas donaciones que según las evidencias exhibidas, no llegaron a sus beneficiarios formales y quedaron en manos de diputados; además, la valentía de la sociedad civil y particularmente del gremio abogadil, que solicitó el inicio de investigaciones penales tendientes a descubrir la verdad material de los hechos e imponer las sanciones legales que correspondiesen, si fuese el caso. Es impensable que la Corte se fundamente en una supuesta "ausencia de prueba idónea" para inadmitir las denuncias presentadas por los abogados Ernesto Cedeño y Alexis Sinclair, cuando la obtención de la "prueba idónea" es, precisamente, el objeto del proceso y no el agotamiento de la instancia. Lo cierto es que al inadmitir tales denuncias nos restamos la posibilidad de conocer la verdad material de los hechos y hacer justicia, como una aspiración genuina y constitucional en todo Estado de derecho.
Todo este ambiente de corrupción e impunidad y el cada vez más ferviente descontento de la sociedad no hace más que conducirnos hacia los derroteros de una constituyente que dé como resultado –entre otras cosas- la creación de mecanismos reales de control, fiscalización y rendición de cuentas de nuestras autoridades.
Abogado
