Corrupción, marchas, Odebrecht y algo más
Cuando una marcha congrega a ciudadanos de todos los sectores sociales del país y sin distingos de clase social o de mercado económico, gritando consignas en contra de la corrupción por parte de quienes nos han gobernado y nos gobiernan, no hacen otra cosa que pedir rendición de cuentas por parte de los políticos que han ejercido o ejercen el poder.
Rendición de cuentas que pasa lectura por cuestiones muy delicadas como: ¿Qué se ha hecho con el dinero del pueblo? ¿A dónde han ido a parar tantos cientos de miles de millones de dólares? ¿Sobrecostos en las obras públicas que se han construido? ¿Cuánto dinero dieron las transnacionales en concepto de dinero bajo la mesa –coimas- y a quiénes? ¿Qué entidades bancarias o financieras mediaron en la entrega de coimas o pagos bajo la mesa a los políticos o gobernantes corruptos? ¿Cómo se dieron los fraudes obviando requisitos o trámites esenciales dentro de los procedimientos de la administración pública? ¿Quiénes fueron los aliados, desde la empresa privada, con las transnacionales corruptoras? ¿Cuál es el estatus de las empresas corruptoras respecto a las actuales contrataciones o licitaciones que han ganado y que ya han dado inicio en su construcción?, en fin.
Estas son algunas de las interrogantes que una mente inteligente se hace de cara a la penosa situación que atraviesa el Estado panameño, frente al tema de la corrupción dada por los sobornos o exigencias de chantaje por parte de empresarios y políticos que gobernaron o gobiernan y en el trato mantenido con Odebrecht, que tiene trastocado al mundo y, en especial, a América Latina.
Aplaudimos que el Ministerio Público investigue. Pero dichas investigaciones deben ser objetivas, apegadas a la institucionalidad del derecho, dado que estamos viviendo una etapa penosa de inquisición sin límites y de persecución sin término ni respeto o sometimiento a la ley.
Toda investigación, por parte de los fiscales, tiene que ser respetuosa del debido proceso, de la dignidad humana, basada en el fiel respeto y plena vigencia del estado de inocencia de las personas. Debe haber valencia del Estado de derecho; del derecho de todo acusado a que se le practiquen las pruebas que invoca en pro de su inocencia; que todo fiscal vaya en búsqueda no tan solo de lo que incrimina al acusado, sino también de aquello que lo favorece o exime tras la imputación o formulación de cargos en su contra. Se quieren fiscales celosos para adelantar una investigación imparcial, objetiva e independiente, y no con ánimos de agradar al poder político de turno; investigaciones que no traduzcan un secuestro ilegal de la libertad ambulatoria de ningún ciudadano, como está aconteciendo en el empresario panameño Riccardo Francolini, quien injusta e ilegalmente sin que medie delito en la acusación que se le formula- lleva ya casi 100 días privado de libertad; fiscales que no sean parte de un circo o “show” mediático para destruir honras y dignidades; de ausencia de medios periodísticos que a diario salen a ese “show” para pisotear y destruir esas honras y dignidades individuales y familiares mancillando sin reparo o tapujo lo más preciado de un ser humano: su dignidad. Fiscales que cuando investigan tengan la capacidad de verse ellos mismos insertos en un sistema que da muestras perversas de mucha irracionalidad e injusticias; de jueces penales, que creyendo en el derecho penal, hagan valer la primacía del derecho con independencia del miedo o de las consecuencias de sus decisiones, pero apegados al derecho, sabiendo que sirven a la Patria y no a los políticos de turno.
La marcha del miércoles es una clara alerta a quienes nos gobierna que el inconformismo social va “in crescendo”.
Abogado
