Corrupción, partidos políticos y pactos éticos
En una reciente publicación de un diario de la localidad se propuso la idea de que, para ser exitosas, las candidaturas independientes necesitarían mucho dinero. En el mismo, en un intento de legitimar esta hipótesis, se recurrió al pensamiento de un conocido sociólogo vinculado a las corroídas estructuras del PRD, quien argumentó que cualquier candidato por la libre postulación “debe salir en búsqueda de los donantes, los que aportarán la plata necesaria”. Se trata, sin duda, de un pensamiento que no solo se aleja de lo que sería un aporte científico guiado hacia el cambio social, sino que intenta justificar la forma corrupta y carente de ética en que han venido operando todos los partidos políticos locales.
Uno de los principales problemas del sistema electoral panameño, el cual lo viene haciendo cada vez menos democrático, es que el mismo no solo hace extremadamente costoso la inscripción de los partidos políticos, sino que, además, no regula ni limita los gastos realizados en las campañas políticas. Esto lleva a un estilo de política que Al Gore denuncia en su libro “Asalto a la Razón”, en el que destaca que se trata de una práctica que elimina el proceso de la discusión racional y programática, remplazándola por el “spot” publicitario que apunta hacia la manipulación del electorado. Más dura todavía es la posición de Joseph Stiglitz cuando, en su reciente obra “The Price of Inequiality”, afirma que este tipo de praxis está haciendo que la democracia, basada en la idea de una persona un voto, se convierta en una plutocracia basada en la premisa de un dólar, un voto.
Estamos entonces frente a una práctica en que el accionar político se asimila cada vez más al del mundo mercantil, en el que la búsqueda de beneficios es el motivo último de la actividad. Es así que el alto costo de las campañas políticas aparece como una simple inversión, la que, sobre todo si se tiene en cuenta que resulta de alto riesgo, debe ser recuperada con un muy alto nivel de ganancias. Esta, dado que no se trata de una inversión productiva, solo puede asegurarse por medio de la extracción de rentas provenientes del Estado que tienen su origen en la corrupción. Tomar como natural la idea que la política es una actividad que debe realizarse con la presencia de mucho dinero, equivale a tomar como normal la formación de lo que algunos han llamado la cleptocracia, que es especialmente peligrosa cuando, como es el caso de nuestro país, el crecimiento se basa en grandes obras de infraestructura, en la promoción de la explotación minera y la desposesión de la población.
La presencia de la corrupción, así como la carencia de ética que la misma conlleva, tienen graves implicaciones que retrasan el desarrollo nacional. Es conocido el hecho de que en términos de la inversión, la corrupción lleva a una elevación de sus costos, que la desalienta en sector privado, a la vez que encarece cualquier acción pública destinada a mejorar las condiciones de vida de la población, disminuyendo significativamente su impacto sobre el bienestar.
A esto se debe sumar el hecho de que la corrupción no solo es capaz de reducir los ingresos públicos, sino que además, como ha demostrado hace algún tiempo Paolo Mauro, tiende a transformar significativamente la estructura del gasto público, favoreciendo aquellos sectores en que los sobornos son más fáciles de realizar, aún cuando se trate de gastos exagerados o carentes de prioridad social. A manera de ejemplo, este autor afirma que esto llevaría a que los gobiernos plagados de corrupción prioricen los grandes proyectos de infraestructura, sobre los gastos dedicados a la contratación de más personal para la educación y la salud.
De todo lo anterior se desprende que la presencia de un sistema electoral permisivo, el cual sirve de base a un modelo en el que los sectores dominantes logran cooptar, gracias a su poder económico, las palancas del Estado y utilizarlas en su propio beneficio, promueve formas de gobierno caracterizados por la corrupción y la carencia de los elementos centrales de la justicia social. Se trata de una realidad que cualquier pacto ético en el plano político debería tomar en cuenta. No solo se trata de que se eviten las llamadas campañas sucias, también se trata de promover formas institucionales de conducta que eviten la corrupción y el saqueo de las arcas públicas, a la vez que promueven la democracia participativa, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Este es el credo de los verdaderos independientes.
