Corrupción y crisis institucional
La crítica situación que atraviesa nuestro país, marcada por los escándalos de corrupción, obliga a una reflexión guiada a establecer su origen. Este enfoque, más allá de subrayar la urgencia de asegurar la certeza del castigo para quienes hayan realizado actos de corrupción, se orienta a aclarar las causas estructurales que originan el comportamiento corrupto, vinculando este fenómeno con la crisis institucional que sufre Panamá.
Las instituciones, en primer lugar, son reglas de juego de la sociedad, que buscan imponer y promover determinadas formas de comportamiento social. A decir de John Commons son reglas de operación que propician el "mayor o menor control, liberación o expansión de la actividad individual". Encontramos, entonces, que en Panamá existe un problema que hay que destacar: la existencia de insuficientes instituciones destinadas a prevenir la corrupción. Este es el caso, para dar un ejemplo, de la ausencia de una ley que busque evitar los problemas vinculados a los conflictos de intereses.
Las instituciones, en segundo lugar, operan por medio de una estructura de incentivos, es decir, de sanciones, penas y/o premios, que impulsan el tipo de comportamiento buscado. Por eso Douglas North dice que estas "estructuran incentivos en el intercambio humano". Cuando estos incentivos no coinciden con los objetivos de la institución, esta se califica de perversa. Encontramos aquí un segundo problema de nuestro sistema institucional, el cual, pese a su forma declarativa, no promueve la democracia y la transparencia. Este es el caso del Código Electoral, que permite que por medio de las donaciones privadas se desvirtúe el funcionamiento de la democracia, sembrando así las semillas de las acciones corruptas de los gobiernos y sus contrapartes privadas.
En tercer lugar, las instituciones solo pueden operar adecuadamente si existe un mecanismo que afirme su adecuado funcionamiento, es decir que, siguiendo la terminología de Commons, las haga cumplir. Aquí se encuentra otra de las grandes debilidades de nuestra estructura institucional: la carencia de un efectivo régimen de monitoreo gubernamental y un sistema judicial incapaz de servir como mecanismo de forzoso cumplimiento. Se trata de una situación en que la corrupción se autorrefuerza.
Uno de los mayores aportes de Thorstein Veblen es su apreciación de que la costumbre suficientemente repetida deviene efectivamente en una institución, aun cuando esta no esté escrita y formalizada. Esto lleva a destacar el hecho de que, desgraciadamente, la constante corrupción observada en el país se llegue a convertir en una institución perversa. La acción de transformación institucional es, entonces, sumamente urgente.
La economía política, que enfatiza en las explicaciones basadas en la existencia de determinados intereses económicos dominantes, permite encontrar la base última de todo el problema: el funcionamiento de un modelo económico desprovisto de todo sentido de solidaridad, en el que la dura competencia entre los seres humanos tiene como finalidad exclusiva la acumulación sin fin de beneficios económicos realizados a como dé lugar. Cuando estos intereses, como es claro hoy en nuestro país, terminan controlando la esfera política aparecen las condiciones para la rapiña, el despojo y la corrupción. La refundación del país tiene, entonces, que ser integral.
Economista
