Corte Suprema de Justicia: ¿qué hacer?

No dispongo de evidencia alguna de que el Licdo. Moncada era culpable de los delitos que se le imputaron y ya no hay oportunidad para saberlo por razón del acuerdo de pena al que se le dio mérito de cosa juzgada. Tampoco sabemos hasta dónde llegarán y a qué responden los señalamientos a distancia de un detenido, obviamente herido, en contra de su exjefe. Y hay una ola de incertidumbre sobre número plural de denuncias sembradas en la Comisión competente de la Asamblea Nacional, las que de tiempo en tiempo son asoleadas para que no terminen marchitándose por falta de agua y luz.

El Órgano Judicial tiene un rumbo que va directo hacia el mismo nivel de impopularidad en el que por mucho tiempo ha reinado en solitario la Asamblea Nacional. La debilidad institucional, en su conjunto, es tan grave que toda denuncia, sea cierto o inventada, para nada ayuda en la tarea inaplazable para recuperarle credibilidad a los órganos del Estado. Este desbarajuste afecta la gobernabilidad, dificulta las posibilidades de pronta solución y abre caminos para cualquiera solución de corto, mediano o largo plazo.

La salida legal relacionada con abrir los procesos correspondientes para determinar qué denuncias tienen mérito y cuáles son desechables, es lo primero que viene a mano por aquel sobreutilizado concepto del “debido proceso” y la archiconocida premisa de “presunción de inocencia” que ampara la situación jurídico procesal de cualquier denunciado.

En el país actual, que empieza a dar señales de saturación por causas penales abiertas por hechos del gobierno anterior, otra denuncia entraría en la vorágine del momento para pendular entre el linchamiento mediático y las culpabilidades adelantadas proferidas en los juicios que se celebran en los “tribunales” de los medios de comunicación social.

A falta de instituciones creíbles y con una cultura jurídica generalizada que no supera los titulares de periódicos, la vía legal podría prestarse para profundizar el problema en lugar de solucionarlo a breve plazo, como lo requieren las apremiantes circunstancias actuales.

La opinión pública está preparada solo para las condenas y cuando ellas no se producen, aumentan los cuestionamientos de arreglos nocturnos, selectividad, tráfico de influencias y, por allí, la retahíla de críticas que no permiten discernir sobre la realidad de los hechos denunciados.

Los procesos legales, por su enfermiza lentitud, corren en perjuicio o beneficio del denunciado y terminan saciando apetitos de todo tipo y naturaleza sin relación alguna con la justicia que se necesita y a la que se aspira. El daño colateral es que los juicios penales generan una atención pública propia de fanáticos y nos desenfocan ante los problemas generales del país. Falso o verdadero, por ejemplo, nadie cree que el presidente de la República es ajeno al curso de las investigaciones y todos consideran que los grandes pleitos jurídico políticos forman parte del trueque entre los órganos del Estado porque una mano ayuda a limpiar la otra y a luces largas, es mejor ayudarse desde ya, que perjudicarse a ciegas.

Pese a todo lo dicho, la salida del proceso legal sigue siendo la primera alternativa a considerar. Pero el tema tiene tantos ribetes que para nada presagian que el proceso legal lograría terminar con el deterioro institucional; más bien lo abriría más para inminentes denuncias en contra de otros jueces. Hay demasiadas heridas abiertas en contra de otros magistrados de la Corte Suprema y a nivel de aquellos reposan causas en contra de diputados. Ante esa película, no resultaría extraño que el Judicial y el Legislativo se empeñen en quién le gana a otro a punta de goles de muerte súbita frente a un árbitro ejecutivo dispuesto en sacarle tarjeta a uno o a otro en función de que quisiera seguir “pitando” el juego a partir del 2019.

Sin embargo hay otra vía legal que responde al principio de que a grandes males grandes soluciones. Aprovechando que para fin de año deben producirse nuevos nombramientos, el Ejecutivo, el Legislativo, la denominada sociedad civil, los organismos que hablan en su nombre, personalidades honorables (que existen), las universidades, organizaciones sociales así como todo aquel que no es ni ha sido parte de esta “guerrilla”, soliciten que los nueve magistrados del pleno de la Corte pongan sus cargos a disposición sin condiciones ni limitaciones. Seguidamente, las autoridades constitucionalmente habilitadas para nombrarlos, deben asumir un compromiso serio y público de ratificar o no a los que merezcan seguir en el cargo. Y para el caso de ser necesario nuevas designaciones, que estas surjan de un mecanismo inmune al secretismo, la inconsulta y la especulación, y que todo se cumpla antes del 01 de diciembre de año en curso.

El país necesita, con urgencia notoria, jueces de coraje, con personalidad y carácter, a los cuales nos podamos acercar sin temor a que nos salpique o sorprenda ninguna novedad, conocida o desconocida, a partir del próximo 01 de enero de 2016.