Crimen, sociedad y Estado

Comienzo por señalar, de modo indefectible, que no es correcto facturarles a los pies de fuerza del Estado, la responsabilidad única y exclusiva, en torno a los resultados que, en materia de lucha contra el crimen, arrojen las encuestas o la percepción que sobre este tema tenga la población panameña.

Es de hacer notar, prima facie, que toda lucha contra el crimen, sea de la clase que fuere o de sus múltiples formas como se presenta en la actualidad, es una cuestión referida, de modo inexorable, a una política integral del Estado. En esta línea de pensamiento, considero que la ciudadanía, en general, no conoce a ciencia cierta si el país cuenta con una política o estrategia de Estado para enfrentar a la micro y macrodelincuencia.

No es de descartar que se han puesto en marcha algunos planes, y es probable que puedan estar arrojando algunos signos positivos, sobre todo en lo que concierne a alejar a jóvenes del pandillerismo. Pero aún en este tema hay críticas que formular, ya que hemos visto, en no pocos casos, que bajo el cintillo de "pandilleros" se enrolan a no pocos inocentes.

Hace ya algunos lustros, diferentes actores de la sociedad, mediando el consenso, dieron a conocer lo que, en aquel entonces, se denominó Una Estrategia Integral Democrática y Humana Contra la Criminalidad. Lamentablemente, debo señalar, que a dicha propuesta no se le dio curso alguno y como era de esperarse, tampoco le fueron asignados recursos para materializarla.

Esta propuesta tenía varios componentes en los que, como consta en ella, resaltaba la cuestión interna y la defensa del territorio nacional. El Dr. César A. Quintero ya lo advertía. Nadie puede hablar de soberanía, sino en función del orden y paz interna a como también su preservación ante otros Estados. Juegan los principios de libre autodeterminación de los pueblos, autonomía e independencia. Básicamente la no injerencia de otro Estado ?ni de grupos armados ni insurgentes de adentro ni de afuera? en los asuntos propios del Estado.

En la administración Torrijos, como bien lo advirtiera mi hermano Ramiro Guerra en una entrega sobre este tema, se hizo un intento de fraguar y consensuar una política de Estado en materia criminal. El o los enfoques sobre el tema fueron muy limitados y no se le dio la seriedad que demandaba la materia.

Hemos de advertir que una efectiva estrategia contra la criminalidad tiene que ser obra o producto de la diversidad nacional, por lo cual todos los sectores del acontecer patrio deben tener participación a través de sus voceros o líderes.

Mucho entonces tendrán que decir y aportar al debate nacional los empresarios, los trabajadores, estudiantes, las iglesias, etc.

El diseño de una política integral, en la materia que abordo, debe hacer tránsito obligado para entender cabalmente, lo que al respecto señala el maestro y criminólogo español Antonio Beristain, quien conceptualiza que el crimen y la delincuencia están siempre referidos a la cuestión de la estructuración social.

No podemos perder de vista que, nuestro país, está expuesto a la influencia criminal. Eso los modernos criminólogos lo denominan como el fenómeno de la transnacionalización del crimen. La exportación del macrodelito.

Sería pueril subestimar el fenómeno centroamericano, ante lo cual podemos resaltar que son naciones, que se hayan sumergidas en una guerra frontal contra la delincuencia; a como tampoco podemos menospreciar que hacia el Sur nos encontramos límites fronterizos con Colombia, nación esta con una arraigada pobreza e índice de delincuencia disparados. Acaso podemos sostener que estamos inmunes o curados contra el fenómeno criminal que se vive en México, en donde se advierte una lucha frontal y cruenta contra los carteles del narcotráfico. Panamá, de hecho, ya se ha visto impactado por esa lucha. No son pocos los narcos presos en Panamá y que provienen de naciones de nuestra irredenta América. Una estrategia integral contra el crimen pasa, igualmente, por desarrollar políticas de pleno empleo.

Constantemente reflexiono cuál será el futuro de esos miles de trabajadores del campo, y que la crisis del sector agropecuario los lanza a la más cruel y despiadada incertidumbre. Lo más probable es que vendrán a la metrópolis para quedar a merced de la influencia de las organizaciones criminales. Harán cuestión de días nuestros jueces de garantías conocieron de delitos relacionados al narcotráfico y los acusados son jóvenes que rayan cuando mucho los 25 años.

Estos son tan solo algunos tópicos que justifican nuestras razones y por las cuales señalamos que el enfoque para luchar contra el crimen tiene que ser, obviamente, democrático e integrador de todos de los sectores y fuerzas vivas del país.

Fuera del contexto arriba descrito, pedirle a la fuerza pública que sea más eficiente sería injusto. Podemos pedirles más presencia en las calles o tal vez más actividad, pero todo ello quedará en la frustración si no disponemos de una auténtica política criminal de Estado.

Así como el delito tiene como matriz y caldo de cultivo a la misma sociedad, así también es ella la que tiene que volcar sus esfuerzos y contribuir en el mejor diseño y arquitectura de las tácticas y estrategias más adecuadas para combatir el crimen.

No habrá derecho penal ni hay sistema acusatorio que valga ante el crimen que avanza a pasos agigantados por América Latina, entre tanto, el Estado muestra tarea pendiente en políticas criminales. El debate queda abierto.