Crimen y castigo
La indiferencia negligente de la dirección del PRD ante la acumulación de los hechos reveladores de la crisis política y moral que corroe el partido desde tiempo atrás volvió a aflorar con el homicidio de Juan Ramón Messina. En junio del año pasado fue asesinado a la salida del local del PRD en San Miguelito un militante del bando del diputado Raúl Pineda. La directiva del PRD no se interesó en investigar el suceso. Si se efectuó alguna investigación, la opinión pública desconoce el resultado. Poco más de un año después, se repite la acción homicida contra un miembro de la facción anti-Pineda, aunque todavía no se esclarece si se trata de otra disputa de clanes o si por ajuste de cuentas a cargo de sicarios contratados por el crimen organizado.
Corresponde al Ministerio Público la investigación del caso criminal. Pero si la dirección del PRD vuelve a desligarse de la responsabilidad política de ventilar la conducta de los militantes cuando existan indicios suficientes para abrir procesos disciplinarios, se ensanchará mucho más el descrédito incubado en la anterior ocasión. La apertura del proceso disciplinario interno contra el diputado Pineda y, peor aun, la anulación de su candidatura a la reelección demuestra ante la faz pública que el PRD pasa de la inercia al exabrupto ilegal para no empañar la movida del candidato presidencial. La Constitución precisa que el pleno de la Corte Suprema de Justicia es la encargada de la investigación y procesamiento de los miembros de la Asamblea Nacional de Diputados por la presunta comisión de un acto delictivo o policivo. La anulación de candidaturas es privativa del Tribunal Electoral (TE). Antes del fallo del TE, el afectado tendrá derecho dentro de su partido a ser oído y defenderse en dos instancias, conforme prescribe la Carta Política. El candidato y secretario general del PRD, Juan Carlos Navarro, ha violado la Constitución tanto por injerencia de la Corte Suprema como del TE.
El respeto al debido proceso constituye una de las garantías primordiales del orden jurídico. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales es una garantía fundamental de la Constitución. Si las investigaciones del Ministerio Público encontraran pruebas de la responsabilidad penal, digamos por autoría intelectual del delito del diputado Raúl Pineda, este deberá ser privado de su inmunidad parlamentaria y ser procesado por la Corte Suprema de Justicia. La tardía precipitación en sanear el partido en vísperas electorales no puede convalidar la transgresión del debido proceso y la competencia de la administración de justicia. Los vientos de antaño traen los lodos de hogaño. En algún momento la abulia ante lo turbio que acontece alrededor iba a presentar factura, tarde o temprano. El funcionamiento del Estado de Derecho debe respaldar la desaparición de la maleantería de los partidos que se comprometieron a defender la paz y erradicar la violencia del escenario electoral.
El Pacto Ético Electoral fue firmado por el PRD para salvaguardar determinados principios teóricos y cumplirlos en la praxis. Sin embargo, los partidos suscriptores del Pacto prescinden de los principios y violan las prácticas del compromiso. La opinión pública espera un comunicado de la Comisión de Justicia y Paz sobre este infortunado suceso. La ética debe ser un componente esencial en el desarrollo de la actividad política permanente y no solamente un elemento coyuntural en época electoral.
