Criminalidad
Con el propósito de fortalecer las medidas legales dirigidas a combatir las acciones del crimen organizado, el Ministerio Público elaboró un anteproyecto de ley que debate la Asamblea Nacional. La procuradora Ana Belfon ha precisado que el verdadero propósito de las reformas al Código Penal es la implementación de herramientas legales para impedir que personeros del crimen organizado entorpezcan las labores investigativas de las autoridades y practiquen actos de intimidación contra autoridades judiciales, peritos, testigos que participen en la persecución de los delitos, como narcotráfico, terrorismo, explotación sexual, secuestros, extorsión, sicariato, robo y hurto de autos, así como lavado de dinero.
Una de las reformas más importantes del Código Penal es la tipificación del homicidio por encargo, conocido como sicariato, modalidad de homicidio que practican sicarios de las pandillas que usan motocicletas y autos para ajustes de cuentas entre miembros de las bandas o para asesinar a personas por dinero. El artículo 132 del Código Penal sanciona con 12 a 20 años de prisión cuando el homicidio se ejecuta por precio o promesa remuneratoria, sin configurar con claridad el delito perpetrado por un sicario, lo que constituye un agravante merecedor de sanciones más severas, como es criterio del Ministerio Público, que propone su elevación de 28 a 30 años de prisión.
El anteproyecto persigue blindar las medidas de protección de testigos, peritos y otros paravinientes y ponerlos a cubierto de los actos de intimidación de elementos del crimen organizado. El Código Penal contempla medidas de seguridad que no incluye a testigos, peritos o auxiliares y jueces. El Código Procesal Penal, en el artículo 352, introduce medidas para salvaguardar la integridad de las víctimas, testigos, peritos, consistentes en mantener reservada la identidad del testigo, su domicilio, profesión, lugar de trabajo; o pararogar a los testigos con medios tecnológicos como videoconferencias, circuito cerrado u otros; facilitar la salida del país y la residencia en el extranjero de las personas protegidas cuando las medidas sean insuficientes.
La reformas amplían las medidas de seguridad a los funcionarios judiciales en casos en que puedan registrarse actos punibles de intimidación, como narcotráfico, lavado de dinero, homicidios por encargo, etc. La procuradora aclaró que se están reconsiderando modificaciones del anteproyecto para desvirtuar argumentaciones sobre protección a los policías, las que inciden en lo particular para tratar de anular lo general, y el propósito es combatir modalidades delictivas y desbaratar presiones para torcer la administración de justicia.
La iniciativa se imbrica en el espíritu de los acuerdos del Sistema de Integración Centroamericano, que persiguen la homologación de las leyes relacionadas con la persecución del crimen organizado. El debate jurídico debiera insertarse en el contexto real que fundamenta el anteproyecto y no a impugnaciones políticas que, so pretexto de supuesta defensa de la sociedad civil, tienden a debilitar la aprobación de nuevas herramientas legales destinadas a la investigación y procesamiento de las acciones delictivas del crimen organizado.
