Criminalidad y control social
A pesar de que la historia nacional nunca nos ha descrito como un país violento o criminógeno, donde el crimen es la tónica, como son los casos de otras sociedades como la colombiana, la mexicana, la salvadoreña y la brasileña (por nombrar solo algunas); no es tampoco innegable que los índices delictivos han ido en aumento en la última década, lo cual revela la evidente ineficacia de nuestras instituciones de seguridad ciudadana.
Así, en los últimos años han proliferado en nuestro país todo tipo de delitos, desde la estafa, el hurto y el robo hasta nefastas manifestaciones de violencia y degradación humana, como la violación carnal y el homicidio. Por otra parte, los crímenes ya no son perpetrados exclusivamente por adultos frustrados, desalmados o psicóticos, sino también por jóvenes y adolescentes, lo que ha forzado a las autoridades a legislar penas más fuertes para estos últimos.
EL CONTROL SOCIAL CONSISTE EN LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DE PROMOCIÓN FAMILIAR Y EDUCATIVA POR ENCIMA DE LAS MUY POPULARES MEDIDAS REPRESIVAS Y DE COMBATE CONTRA EL CRIMEN.
Ahora bien, entre las causas del crecimiento de la criminalidad en Panamá, algunos expertos hablan de narcotráfico, migración extranjera y pobreza; otro grupo, representado por religiosos y moralistas, sugiere que el auge de la criminalidad se debe a una pérdida de valores producto principalmente del mundo ambivalente en que vivimos.
Sin negar ninguna de las dos perspectivas -ya que ambas posiciones pudieran tener algún nivel de influencia en el fenómeno- se parte del supuesto sociológico de que la desviación social, o la criminalidad en este caso, es una violación a la conciencia colectiva producto de un desajuste estructural o anomia (falta de norma). Por ende, obliga a pensar que debe haber alguna disfunción en cuanto al control social que debería ejercer la sociedad sobre los individuos. Ahora bien, no en términos de carácter formal, directo y represivo del control social, como las leyes, los estatutos, las cárceles, la policía, etc.; sino en cambio, los mecanismos informales que deberían desalentar el comportamiento desviado (en términos criminógenos), como lo es la socialización de la moral y el orden social por medio de instituciones sociales como la familia, la educación, la religión y los medios de comunicación de masas, por nombrar solo algunos.
De esta manera, podríamos inferir que si bien el desempleo y la pobreza tienen alguna incidencia en la criminalidad, también otros factores como la desintegración familiar, producto muchas veces por la violencia doméstica, la alcoholemia o drogadicción (entre otros vicios autodestructivos), el estigma social (por ser étnicamente diferente), programas violentos de televisión e internet y hasta el mismo uso desenfrenado de videojuegos pudieran tener cierta causalidad en cuanto al comportamiento desviado. Sin embargo, el punto radica en que todos estos elementos se encuentran en el microcosmos de la vida cotidiana, lo que implica que agentes socializadores como la familia y la escuela pudieran incidir en su posible desarrollo y degeneración en comportamientos criminales.
Por otra parte, el rol estatal en cuanto al control social, consiste en la elaboración de políticas de promoción familiar y educativa (programas deportivos, artísticos, servicio comunitario), por encima de las muy populares medidas represivas y de combate contra el crimen (más policías, mejores armas e infraestructuras, etc.).
También instituciones como la Iglesia pudieran desarrollar iniciativas comunitarias y solidarias; y, en el caso de los medios de comunicación de masas, mantener una vigilancia constante en el contenido de la programación televisiva que ofrecen.
No obstante, con esto no se pretende sugerir que el control social formal no sea necesario para el control de la criminalidad, sino que el mismo debe ser complementario al control social informal, que socializa y resocializa a los individuos de una sociedad, mediante la internalización de la moral. De otra manera, la sola apuesta en mecanismos formales de control sería disfuncional y, en ciertos casos y escenarios, hasta agravante al problema de la criminalidad.
Lo que lleva a la conclusión de que si bien es cierto que la criminalidad en Panamá puede ser explicada desde diferentes paradigmas o modelos interpretativos, no es menos cierto que estas causas macroscópicas responden, muchas veces, a problemáticas que pudieron haber sido resueltas en la familia, la escuela, la iglesia, etc. De esta forma, en vez de legislar más penas, debemos abogar por la incentivación de los controles sociales informales, los cuales enseñan valores y una pragmática existencial de vida coherente con nuestro universo social y ciudadano.
